El diputado provincial del bloque "Somos Vida y Familia" y abogado constitucionalista explicó que "la facultad de intervenir una empresa ni siquiera el Congreso la tiene"
Tras la conferencia que brindó el lunes el presidente Alberto Fernández, en la que anunció la intervención del Grupo Vincentin, no dejaron de oírse apoyos y críticas a la medida. Hubo movilizaciones y numerosos cruces en las redes sociales. Sin embargo, más allá de las cuestiones políticas en torno al tema, el diputado santafesino y abogado especialista en derecho constitucional Nicolás Mayoraz afirmó que la decisión es “inconstitucional”.
En diálogo con CLG, Mayoraz explicó el porqué de la inconstitucionalidad de la medida del presidente. En principio, indicó que se trata de una empresa radicada en Reconquista, e inscripta en la provincia de Santa Fe. “El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Alberto Fernández no tiene fundamento jurídico. Los DNU son normas legislativas, que en caso de urgencia el presidente puede sacarlas, pero después deben ser ratificadas por el Congreso”, explicó.
“Pero la facultad de intervenir una empresa ni siquiera el Congreso la tiene, no está autorizado a hacerlo”, añadió el legislador santafesino para explicar la inconstitucionalidad de la medida. “No se puede hacer un DNU por cualquier cosa”, afirmó.
Si el concurso de #Vicentin era un problema, la intervención no es la solución. Los santafesinos no necesitamos que el Pte. @alferdez venga a “ayudarnos” a resolverlo con una medida notoriamente inconstitucional. Esperamos que el gobierno santafesino haga lo que hay que hacer.
— Nicolás Mayoraz (@NicolasMayoraz) June 10, 2020
Remontándose a la situación en la que se encontraba Vicentin, Mayoraz comentó que “es una empresa que estaba en un proceso de concurso, que es distinto al de quiebra, que cuando se decreta, se pierde la administración. En este proceso de concurso, se designó un síndico que controla la situación administrativa, los créditos”.
Consultado por CLG sobre cómo puede proceder en esta situación el gobierno santafesino, el abogado constitucionalista expresó: “El gobierno de Santa Fe debería hacer un seguimiento del concurso, dada la relevancia que ha tomado la situación. En caso de que sea necesario, dar intervención a la Inspección General de Personas Jurídicas”.
La Inspección General de Personas Jurídicas es una Subsecretaría dentro de la Secretaría de Justicia, que tiene a su cargo el Registro de las sociedades por acciones y asociaciones civiles y fundaciones de la provincia. Además, entre sus facultades se encuentran las de otorgar la personería jurídica a las entidades civiles que lo soliciten y ejercer tareas de fiscalización y contralor sobre las sociedades por acciones y las asociaciones civiles y fundaciones.
Al hacerse pública la intervención y la presentación de un proyecto de expropiación por parte del gobierno nacional, el gobernador Omar Perotti respaldó la decisión del presidente y dijo públicamente que acompañarán al interventor Delgado en su tarea.
Vamos a acompañar a Gabriel Delgado, designado como interventor de #Vicentín por el presidente de la Nación, @alferdez , en esta tarea que se le ha encomendado.
— Omar Perotti (@omarperotti) June 9, 2020
Por otra parte, el diputado santafesino contó que “desde la Legislatura santafesina se creó una comisión de seguimiento para ver todo lo previo a esta situación actual de la empresa. Revisar la situación crediticia, es una empresa que parecía solvente”.
“El Ejecutivo nacional está mezclando cuestiones del pasado con el presente. Si se han hecho maniobras fraudulentas, si hubo sociedades offshore, si el dueño tiene responsabilidad penal es una cuestión, pero se trata de una empresa que puede salir adelante, que para todos es solvente”, aseguró Mayoraz. Y agregó que el propio Ministro de Producción santafesino, Daniel Costamagna, “hay muchos interesados en ayudar a sacar la empresa adelante o, incluso en el caso de que se llegue a ese punto, en comprarla”.
“No es una situación en que sea necesaria una intervención”, concluyó Mayoraz.