Las cifras la reveló Greenpeace y equivalen a un espacio similar a tres cuartas partes de Capital Federal
Entre el 15 de marzo y el 31 de mayo en Argentina se desmontaron más de 14.900 hectáreas, según reveló Greenpeace en base a su monitoreo. Eso equivale a un espacio similar a tres cuartas partes de Capital Federal. En medio de la emergencia sanitaria, se arrasaron por día casi 200 hectáreas de bosque.
Las autoridades forestales se incluyeron entre las actividades permitidas en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio el pasado 3 de abril. Entre el 15 y el 31 de marzo, es decir, con 11 días en cuarentena, se barrieron 2.172 hectáreas, un promedio de 128 diarias. Greenpeace denuncia que incluso en pleno aislamiento, la deforestación continuó.
El norte del país es el más afectado por esta problemática: Santiago del Estero, Formosa, Salta y Chaco, todas en el norte argentino. «El problema no es de ahora, es de siempre. Es una actividad destructiva, que no da grandes riquezas a las regiones. Los beneficios económicos no quedan en la zona impactada», aseveró Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de la organización no gubernamental.
El mapa argentino se divide en tres:
- Verde: está permitido desmontar, es decir, avanzar con maquinarias unidas por una inmensa cadena en el medio, para limpiar el terreno.
- Amarillo: se habilita un «uso sustentable» de la naturaleza. Está prohibido desmontar, pero sí se pueden hacer otras tareas más selectivas, como la tala.
- Rojo: son las áreas protegidas, no se puede —o no se debería— alterar la vida silvestre.
Sin embargo, la coordinadora asegura que en muchos casos, las provincias cambian los colores dependiendo de la necesidad o vocación de explotar los recursos naturales.
En cuanto a las comunidades de los pueblos originarios, Cruz destacó a RT en Español: «La tala perjudica la provisión de alimentos y medicinas. También los lugares sagrados, que son bienes insustituibles a nivel espiritual».
«Son desplazados. No tienen manera de vivir en un lugar desmontado, donde se siembra pasto o soja. Y si se quedan cerca, son víctimas de fumigaciones, entonces la mayoría de las veces se van», sostuvo. Entonces, se producen migraciones del bosque a las pericias de las ciudades, muchas veces por la contaminación del agua.
«Vamos a poner nuestro propio cuerpo para frenar el desmonte», aseguró a RT el cacique Sabino Benítez, de la comunidad myba guaraní de Ka´a Kupem. Es un territorio que abarca más de 5.600 hectáreas en la localidad de Campo Grande, provincia de Misiones, donde viven 126 personas.
La empresa que desmonta en la zona es Carba, autorizada por el Ministerio de Ecología local. «Ya sacaron muchísimos, es explotación masiva. Por eso estamos reclamando, es nuestro territorio», reveló. Además, aclaró: «Nos afecta porque somos parte de la naturaleza. La cultura indígena, la salud, educación y realización personal, están dentro del monte. Es vida».
Miembros de la comunidad aseguran haber sido amenazados por un trabajador de la empresa. Intentaron tomarle una fotografía cortando un árbol, pero el empleado al servicio del capital habría contestado exhibiendo un rifle: «¡Si me sacás una foto, te pego un tiro en la cabeza!».
La abogada que representa la comunidad, Roxana Rivas, remarcó a RT que los reclamos no fueron atendidos por las autoridades. «Mientras se discute nuestro recurso de reconsideración, no tiene que tocarse ningún árbol», destacó. En ese sentido, denuncia que hay «connivencia» entre el Estado provincial y la empresa, y «denegación de justicia» para los indígenas.