El hombre de 67 años fue condenado por violar a una nena de 11 años, nieta de su pareja, quien quedó embarazada como resultado del abuso. El caso tuvo amplia repercusión nacional porque la nena pidió una Interrupción Voluntaria del Embarazo y el Estado se lo negó
El hombre que fue condenado a 18 años de prisión por violar y embarazar a una niña de 11 años, cuyo caso trascendió porque pidió la interrupción legal del embarazo (ILE) y el Estado provincial accedió al pedido después de muchas dilaciones, solicitó cumplir arresto domiciliario por cuestiones de salud debido a la pandemia de coronavirus.
Emilio Guagnini, abogado de Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), uno de los profesionales que defendió los derechos de la menor durante el juicio abreviado que se realizó el 14 de febrero pasado, informó a los medios locales que el pedido será analizado el martes mediante una audiencia virtual. Lucía
«(Eliseo Víctor) Amaya se aprovecha de esta situación provocada por la pandemia para salir de la cárcel tres meses después de ser encontrado culpable y sentenciado a 18 años de prisión«, sostuvo Guagnini.
Según el abogado, cuando se dictó la condena, el acusado «no advirtió tener ninguna enfermedad de riesgo, salvo un dolor de rodilla», y destacó que «en Tucumán sólo se confirmaron 49 casos de coronavirus, por lo que en el sistema carcelario no hay circulación del virus«.
El profesional adelantó que durante la audiencia virtual solicitará que «no se haga lugar al pedido y en todo caso se tomen los recaudos para aislarlo dentro de penal donde permanece alojado».
La nena tenía 11 años cuando su abuelastro la violó y la dejó embarazada en febrero de 2019, caso que tuvo amplia repercusión a nivel nacional e internacional. La víctima pidió la interrupción legal del embarazo (ILE), pero el Estado provincial accedió al pedido después de muchas dilaciones y como la gestación estaba avanzada tuvieron que practicarle una cesárea.
El bebé, que pesó apenas 600 gramos, murió a los pocos días de haber nacido, aquejado por problemas respiratorios severos, según explicaron los médicos .
El 14 febrero pasado, a casi un año del hecho, se realizó un juicio abreviado y el acusado fue condenado a 18 años de prisión por el delito de “abuso sexual doblemente agravado por el grave daño a la salud mental y física de la niña aprovechando la situación de convivencia”.
El fallo de los integrantes de la Sala V de la Cámara Penal de Tucumán, María Balcazar, Fabián Fredejas y Juana Francisca Juárez, rozó la máxima pena tipificada en los casos de abuso sexual agravado, que es de 20 años, y se dispuso que sea de cumplimiento efectivo para el acusado, quien se declaró culpable, pero no pidió disculpas.
La madre de la niña solicitó a los jueces que «hagan justicia por mi hija» y no otorguen la prisión domiciliaria de Amaya porque “causó un daño tremendo al arruinarle la vida y a toda mi familia”.
«Es injusto que yo no pueda estar con mi hija desde hace dos años y él ahora regrese a su casa», indicó la mujer en declaraciones al noticiero de Telefé Tucumán.
Por disposición de la Justicia, Lucía tiene que vivir en San Miguel de Tucumán, donde actualmente está con un tío, mientras que su madre permanece en 7 de Abril, ya que no cuenta con «los medios económicos» para alquilar una vivienda en la capital provincial, según explicó.