Treinta trabajadores están en conflicto con el grupo empresario por despidos en cuarentena, algo que está prohibido por decisión del gobierno nacional
La ministra de Trabajo de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec, firmó la conciliación obligatoria en el conflicto que acarrean 30 trabajadores con el grupo Techint. En el texto se expone que los despidos son una «infracción grave». Esta medida se dio porque no hubo acuerdo entre las partes en conflicto y se extiende por los próximos 15 días. La disputa vuelve a foja cero y los empleados a sus puestos habituales.
Tanto los 30 obreros como el grupo empresario fue notificado el miércoles por la noche, en una clara postura del gobierno bonaerense contra quienes insistan en despedir personal a pesar de las restricciones que figuran en el primer DNU desde el inicio de la cuarentena.
Además de Techint hay varios reclamos contra otras empresas, pero esta resolución muestra la dura política que aplicará la administración de Axel Kicillof en este sentido.
En una audiencia citada por la cartera laboral provincial, la Unión Obrera Metalúrgica y referentes de Techint discutieron por la cesantía de los 30 operarios de una contratista de la fábrica de tubos sin costura Tenaris-Siderca, de Campana.
El recorte de personal tendría involucrada a la empresa chatarrera de Ferrúa ya que los 30 trabajadores dependerían de esta que le terciaza su trabajo a Techint . El gremio de la UOM denunció esto como una clara violación del DNU 329/20.
No obstante, la preocupación del gremio también pasa porque los despidos se pueden extender a 600 empleados del grupo empresario.
En ese contexto, aparece vigente la resolución 174 del Ministerio de Trabajo bonaerense, que encabeza Ruiz Malec, quien reglamentó por estas horas los decretos de necesidad y urgencia que no sólo prohibieron, sino que «encarecieron los despidos», al señalar que serán consideradas como “infracciones graves” las cesantías producidas en medio de la pandemia, violatoria del Pacto Federal de Trabajo.
En términos prácticos, en la cartera laboral provincial explicaron que cualquier expediente con despidos tramitado por esa repartición será sindicado como “ineficaz” y pasible del pago de una multa en un rango del 30 al 200% del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador.
Con la resolución se buscó despejar grises de la normativa que pudiesen ser utilizados por los abogados patronales para efectivizar cesantías en medio de la cuarentena.
Ejemplo de ello fue el de Ternium Siderar, adonde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) también presentó una denuncia penal contra el Grupo Techint por un aparente intento de desarrollar actividades no autorizadas por el gobierno como «esenciales». Denuncia que incluía descuentos indebidos en los salarios de los operarios suspendidos, por lo que ahí mismo desde la cartera provincial se intimó a la empresa de Paolo Roca para la regularización bajo pena de multas millonarias.