Según la funcionaria federal, sólo podría anularse el proceso, que lleva más de un año, en caso de que se constate “violación de garantías constitucionales”
La fiscal federal Gabriela Baigún consideró que no debe hacerse lugar al pedido de nulidad del proceso oral que juzga al ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, por varios hechos de corrupción.
“La nulidad de todo un juicio oral y público, que lleva ya más de un año de duración, que involucra una gran cantidad de imputados, entre ellos ex funcionarios públicos de alta jerarquía, y que versa sobre hechos de indudable relevancia institucional, únicamente puede proceder en caso de que se constante la violación de garantías de raigambre constitucional”, señaló la fiscal en su dictamen firmado el lunes.
La defensa del ex funcionario pidió la semana pasada la nulidad de todo el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal número 6, con el argumento de que por la entrada en vigencia de la ley 27.546, el pasado 7 de abril, los jueces José Martínez Sobrino y Julio Panelo, quienes iniciaron sus trámites jubilatorios, perdieron “estado judicial” y que por lo tanto, al no estar conformado el tribunal, se debía declarar nulo lo actuado.
Baigún, a este respecto contestó que “los doctores Martínez Sobrino y Panelo no han perdido el estado judicial ni la jurisdicción para continuar entendiendo en este juicio, en tanto se han acogido al régimen jubilatorio durante la vigencia de la ley 24.018”, anterior a la sancionada a principios de abril.
En este sentido, la fiscal citó la intervención del diputado Marcelo Casaretto cuando se sancionó la reforma al régimen de los jueces y señaló que “respetamos los derechos adquiridos de aquellos (jueces) que están jubilados actualmente. En segundo lugar, aquellos jueces que están en actividad y ya tienen el beneficio acordado también tienen el derecho adquirido, no se los afecta con este proyecto”.
Por todo ello, la fiscal general consideró que “es inadmisible declarar la nulidad de toda la etapa del juicio por la entrada en vigencia de una norma que, por elementales razones de preclusión y seguridad jurídica, no resulta aplicable al caso, sino que rige únicamente para quienes no han reunido los requisitos necesarios para acceder a la jubilación”.
Ya definida la posición de la fiscalía, el tribunal, integrado por Martínez Sobrino, Panelo, Fernando Canero y Ricardo Basílico, deberá decidir si acepta o no el pedido de nulidad de Jaime y sus allegados involucrados como presuntos testaferros: Julieta Jaime (hija del ex funcionario), Lorena Gayo, Agostina Gayo y Silvia Reyss.