Abogados han presentado una querella colectiva contra todos los miembros del Consejo de Ministros acusándoles de homicidio por su gestión de la crisis sanitaria
Once abogados que representan a 116 familias, que han perdido a allegados a causa del coronavirus en España, han interpuesto este lunes una querella contra los 23 miembros del Gobierno de España, acusándoles de un posible delito de homicidio por su gestión de la pandemia.
Así, esta querella colectiva imputa a todos los miembros del gobierno –el presidente Pedro Sánchez y sus 22 vicepresidentes y ministros– «un número no determinado aún de delitos de homicidio por imprudencia grave», aunque los firmantes han advertido que se podría ampliar para incluir la prevaricación y la omisión de socorro, así como para acusar a otros responsables de la gestión de la crisis sanitaria, como el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, y otros asesores técnicos del Ministerio de Sanidad.
Los promotores de la querella, la plataforma El Día Después, dicen en la página principal de su web: «Llevamos 56 días de arresto domiciliario, pero para que se cumplan los planes comunistas, aún faltan, como poco 10 días. Ten paciencia, lo peor está por llegar». En ella sostienen que la sociedad española «no había previsto la posibilidad de que volviera a vivirse una situación de estas características y, en consecuencia, no se encontraba preparada para combatirla de manera adecuada».
Así, entre las argumentaciones de esta plataforma se mezclan, por un lado, las acusaciones al Ejecutivo por las muertes por covid-19, calificando su actuación de «tardía» y «errática» cuando decretó el estado de alarma, que posibilitó el confinamiento de la población y las medidas restrictivas para contener la pandemia de coronavirus. Por otro lado, se quejan de que esas medidas paralizan económicamente el país. Es decir: se critica que no se reaccionara antes para evitar muertes, mientras que también se critica las actuaciones para paliar la crisis sanitaria porque dañan la economía.
Según El Día Después, sus once abogados representan a 3.268 personas, familiares de 3.274 pacientes que han fallecido a causa de covid-19, aunque por el momento solo se han personado 116 familias, «dado que las restantes no han podido obtener» el certificado de defunción necesario para acreditar la muerte de los familiares y sus causas.
También otras administraciones han sido denunciadas ante los tribunales, como es el caso del gobierno regional de la Comunidad de Madrid. Así, este mismo lunes, la Asociación Defensor del Paciente envió un escrito tanto al presidente del Tribunal Supremo como a la Fiscalía General del Estado solicitando que se «investiguen y depuren responsabilidades» por supuesta omisión del deber de socorro del Ejecutivo madrileño, presidido por la conservadora Isabel Díaz Ayuso, con respecto a las residencias de mayores de este territorio.
La denuncia estuvo motivada por unas declaraciones de la propia Díaz Ayuso este domingo en las que afirmaba: «Si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen que igualmente esa persona va a fallecer, que mejor se quede ahí, yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado», declaraciones que se han interpretado como la confirmación de las acusaciones de los últimos meses que hablaban de vetos para la derivación de pacientes geriátricos a los hospitales madrileños.
Fuente: RT en Español