Por Diego Añaños
Finalmente llegó el 8 de mayo y, como era previsible, no se llegó a cerrar la negociación con los acreedores privados. Desde que comenzó la semana, todas las señales prologaban un final anunciado. En la mañana del lunes, los principales tenedores de deuda argentina, y que concentran alrededor del 50% de los papeles a reestructurar, emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaban la propuesta presentada por el gobierno de Alberto Fernández.
El Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Cambio de Argentina, que ya habían expresado individualmente su rechazo a los términos comerciales propuestos por el gobierno, decidieron unirse para reiterar su posición, reafirmando que no entregarán sus bonos dado que las condiciones ofrecidas implican “pérdidas desproporcionadas que no son justificadas ni necesarias”. “Sin embargo, cada uno de los tres grupos de tenedores de bonos está preparado para discutir constructivamente con Argentina cuando su gobierno esté listo para hacerlo, con el objetivo común de encontrar una solución viable a los desafíos financieros actuales de la República”, concluye el documento.
Las tres opciones que se le abrían al gobierno en esta instancia eran: a) aprovechar las pocas horas que le quedan como para mejorar la oferta, b) tomarse hasta el 22 de este mes, cuando vencen los 30 días luego de no haber pagado el vencimiento de los U$S500 millones de los intereses de los globales que vencieron en abril, c) solicitar la votación de un “standstill”, lo que en términos prácticos es posponer la discusión por un período de nueve meses a un año, a la vez que se negocia alguna compensación (como pago de intereses o colaterales), mientras que el gobierno argentino consigue generar las condiciones, sin dejar de atender la pandemia, lo cual permite continuar con las negociaciones.
Esta propuesta ya había aparecido en la mesa de diálogo, pero fue descartada por los funcionarios del ministerio de Economía, alegando el interés del país en resolver la cuestión lo antes posible. Finalmente, d) permitir que la Argentina caiga en default.
El gobierno, mediante un comunicado de prensa, dijo estar decepcionado por la declaración conjunta de los tres grupos de acreedores. Sin embargo, también se expresó la confianza de que los “acreedores reconozcan que, especialmente a raíz de la crisis del COVID-19, Argentina no puede pagar más”. Sostuvo, además, que análisis de sostenibilidad de la propuesta se encuentra alineado con las recomendaciones hechas oportunamente por el FMI. Finalmente agregó: “Si los tenedores de bonos tienen un enfoque diferente que de adecúe a esas limitaciones, deberían presentar una propuesta específica”. Y concluyó diciendo: “El gobierno argentino permanece dispuesto a escuchar y tratar de encontrar un denominador común. Pero cualquier propuesta debe pasar primero por la prueba del sentido común”.
Más allá de cualquier consideración no debería asombrar que el proceso de negociación tenga sus tironeos, sus idas y vueltas. Sin embargo hay que destacar los apoyos que recibió la propuesta argentina en la comunidad internacional. De hecho un grupo de 160 economistas, entre los que se cuentan dos premios Nobel, como Joseph Stiglitz y Edmund Phelps, publicaron un documento en el que destacan la oferta, a la vez que instan a los tenedores de deuda a actuar “de buena fe”, ya que “un acuerdo sostenible beneficia a ambas partes”. Incluso la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la búlgara Kristalina Georgieva, elogió la propuesta argentina, a la vez que resaltóó la predisposición del equipo que conduce Martín Guzmán en la búsqueda de una solución razonable. Todos parecen coincidir, está claro, con el diagnóstico del gobierno de Alberto Fernández acerca de la insostenibilidad de la deuda.
El gobierno, por su parte, consiguió cerrar el frente interno. El miércoles, todos los gobernadores (con la única excepción de Alberto Rodríguez Saá), más el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, firmaron una solicitada de apoyo al plan de reestructuración de la deuda. En el mismo sentido se expresaron la UIA y la CGT, luego de reunirse con el presidente en la quinta de Olivos.
Sin embargo, señal de apoyo más inesperada llegó desde Italia. El ex primer ministro, Enrico Letta, consideró que la crisis sanitaria hará que la Argentina esté “menos sola”, desde el punto de vista financiero. Fundamentalmente, dijo, porque “todos nos estamos argentinizando”, al asumir grandes compromisos de deuda para hacer frente a los desafíos que plantea la pandemia del COVID-19. En realidad el problema de la deuda no es nuevo.
La situación de la crisis sanitaria no hace más que evidenciar la gravedad de la cuestión. El Banco Mundial viene advirtiendo desde fines del año pasado por el crecimiento desmesurado de la deuda global. Y habrá que estar atentos, un escenario de crisis de las economías reales, con tasas de interés muy bajas, es el prólogo de una nueva oleada de aceleración del endeudamiento, que a su vez suele ser la antesala de una crisis financiera. Digo, a estar muy atentos, porque si las soluciones a la crisis no pasan por un replanteo más cooperativo a nivel global, las cosas pueden complicarse mucho más de lo que los analistas están pronosticando hoy.