Tras el revuelo que generó la posibilidad de revisar o morigerar la situación de algunos internos ante la emergencia sanitaria, CLG dialogó con legisladores, abogados y concejales, quienes ofrecieron sus puntos de vista
Por Gina Verona Muzzio
La posibilidad de excarcelar a presos en diversas unidades del país, otorgarles domiciliaria o morigerar sus penas en el marco de la pandemia de Covid-19 ha generado en los últimos días un gran revuelo y cruces entre oficialismo y oposición. Incluso este miércoles, el propio presidente Alberto Fernández ha salido a aclarar que el Ejecutivo no dispone la libertad de los internos y que el tema es competencia de la Justicia.
En Santa Fe, ha habido entre 350 y 380 pedidos de domiciliaria, de los cuales sólo se ha aprobado el 10%, indicó Gabriel Somaglia, secretario de Justicia de la provincia. Para analizar el tema en profundidad, CLG dialogó con referentes de diversas fuerzas políticas locales y especialistas en derecho penal. La mayoría coincidió en que es crucial rever las condiciones de detención y analizar en particular cada pedido.
“Como está planteado en el ámbito nacional, me parece una locura. En especial, esa línea que baja la Cámara de Casación Penal, donde instruye o recomienda a los jueces flexibilizar las prisiones domiciliarias. Creo que en el ámbito de la provincia de Santa Fe no se puede bajar ninguna línea así, estoy en contra”, consideró el diputado provincial de Somos Vida, Nicolás Mayoraz.
El legislador santafesino, que también es abogado, dijo: “Me parece imprudente que se utilice el Covid-19 para liberar personas, muchas de ellas condenadas por delitos muy graves, por homicidios, por delitos contra la integridad sexual, personas que volverían a insertarse en un ámbito que a lo mejor es el mismo ámbito en el que cometieron los delitos”.
Mayoraz expresó a CLG su preocupación en relación al tema, porque “hoy por hoy, la Justicia no está en condiciones ni siquiera de controlar aquellos casos a los cuales les ha otorgado prisión domiciliaria”. En la misma línea hizo alusión al contrasentido que implica la escasez de patrulleros y agentes de seguridad, y que éstos sean destinados a “cuidar delincuentes o condenados con domiciliaria”.
“No se ha registrado ningún caso de Covid-19 en ninguna cárcel, ni en ningún pabellón, lo cual habla de que los protocolos se están llevando adelante bien. Entonces pongamos el énfasis para que se sigan aplicando y se evite cualquier tipo de contagio. Si abrís esa puerta no la podés cerrar nunca más”, agregó en relación a las excarcelaciones.
Asimismo, Mayoraz indicó que poner sobre el tapete la posibilidad de que se infecten presos en población de riesgo, da la posibilidad de “trabajar un tema de fondo que es el estado de las cárceles en Santa Fe y en Argentina. El hacinamiento y la necesidad de ampliar la capacidad carcelaria con la construcción de nuevas cárceles que sean realmente dignas”.
Sobre el tema, se expresó el reconocido abogado penalista Carlos Varela, quien fue comprensivo al entender la irritación que el tema genera en el común de la gente, que “cotidianamente es víctima de delitos violentos”. Y añadió: “Pero por otro lado, el reclamo que hacen los presos tiene asidero dentro del contexto que se está viviendo. Los que conocemos las cárceles sabemos que si se produjera un contagio en alguna persona, se transmitiría inmediatamente a casi todos”.
“Las condiciones de habitabilidad que hay en las cárceles santafesinas no son las que uno puede imaginar. Son lugares donde hay gente hacinada y no dan el servicio de asistencia sanitaria que deberían dar”, detalló Varela a CLG.
“Lo más razonable, a juicio de quienes ejercemos el derecho penal, es que se deben atenuar algunas situaciones, teniendo cuenta el paso del tiempo, la no peligrosidad y que lleven cumplida más de la mitad de la pena”, afirmó Varela.
Por su parte, el titular del bloque de concejales de Cambiemos, Roy López Molina, expresó la preocupación de su espacio político sobre la situación: “No es justo soportar la libertad forzada y anticipada de asesinos, violadores o corruptos bajo la excusa de una imposibilidad de contener la epidemia”.
“Tanto desde el gobierno nacional como desde algunos sectores de la Justicia necesitan, alguna vez, tener un poquito empatía con las víctimas y apelar a soluciones más racionales que no impliquen un riesgo para quienes se animaron a denunciar a los delincuentes. En medio de la emergencia sanitaria que estamos padeciendo, solamente logran un detrimento en la tranquilidad de los argentinos”, añadió López Molina.
Mientras que el concejal peronista Eduardo Toniolli, en contraposición a su par de Cambiemos, aseguró a CLG que “hay cierto aprovechamiento político del tema por parte de la oposición, que intenta instalar que hay una política sistemática determinada de liberación masiva de detenidos por parte del gobierno nacional”.
“El Ejecutivo no tiene ningún tipo de injerencia ni potestad al respecto. Me parece que no tiene ningún sentido la discusión. Es una potestad del poder judicial y es preexistente a esta situación”, dijo el edil sobre las excarcelaciones y domiciliarias.
Y concluyó: “La Justicia irá determinando en función de determinados criterios, que tienen que ver con la preservación de la vida y de qué tipo de detenido o detenida estamos hablando. Peligrosidad, peligro de fuga, los mismos supuestos que hacen a las razones por las que se determina muchas veces la prisión preventiva”.
Desde la Legislatura Provincial, la diputada del Frente Progresista Cívico y Social Lionella Cattalini afirmó que desde hace un tiempo, su bloque viene solicitando que “se arme una mesa de coordinación más efectiva entre el poder Ejecutivo, el Judicial, la Defensoría y la Legislatura para poder tener una política más coordinada” sobre el tema.
“Creo que lo que pasó a partir del 23 de marzo en algunos penales de Santa Fe es un hecho que no veíamos hace mucho tiempo, que es lamentable y que hay que hacer todo lo posible para que no pase. Creo que hay que mejorar las condiciones de seguridad”, analizó en contacto con CLG.
En relación a la posibilidad de que haya contagios en las cárceles santafesinas, Cattalini se refirió a las palabras del secretario de Asuntos Penitenciarios, quien dijo que “no hay ningún caso”. “Ojalá que eso se mantenga así, pero me parece que hay que redoblar las medidas de prevención y analizar caso por caso, sobre todo los de aquellos internos que son pacientes de riesgo”, ahondó.