"Los detenidos tienen que cumplir sus condenas", aseguraron las fuerzas opositoras. Y agregaron: "La concesión de prisiones domiciliarias vulnera los derechos de las víctimas"
La polémica por los pedidos de presos para ser excarcelados en medio del coronavirus continuó hoy, y el PRO y la UCR cuestionaron al gobierno por una eventual «liberación masiva» de reclusos, al considerar que no se respeta a las víctimas.
«Nos oponemos rotundamente a la liberación de presos que generen riesgos a la sociedad y a sus víctimas. Los presos tiene que cumplir sus condenas y los que tengan preventiva seguir detenidos hasta tanto desaparezcan los peligros procesales que justifican que estén encarcelados», sostuvo el PRO.
En un comunicado, el espacio que integra la alianza Juntos por el Cambio cuestionó al presidente Alberto Fernández porque -según aseguran- «ratifica la liberación indiscriminada de los presos, generando una indebida presión sobre la Justicia, que no corresponde al Poder Ejecutivo que ejerza».
En la misma línea, la UCR expresó su «total rechazo a la concesión de prisiones domiciliarias masivas» y consideró que «vulnera los derechos de las víctimas» y «pone en riesgo la seguridad de los argentinos».
«El marco de la pandemia le ha servido al oficialismo como excusa ideal para avanzar contra la división de poderes. Ahora, en lugar de tomar medidas preventivas en los centros de detención, se pretende la liberación de delincuentes, vulnerando los derechos de las víctimas de los crímenes que dichos condenados cometieron», resaltó el radicalismo en un comunicado.
Además, sostuvo que «la estrategia debería ser llevar adelante los testeos correspondientes y la atención médica necesaria para controlar la salud en los centros de detención pero, de ninguna manera, otorgarles beneficios especiales a los delincuentes».
Por el oficialismo, la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, negó que exista «una orden política» de liberar en forma masiva a presos.
De todos modos, aclaró que la Justicia de la Provincia de Buenos Aires está «considerando» la prisión domiciliaria para detenidos por delitos leves y que forman parte de grupos de riesgo.
«Puedo confirmar que no hay orden política de liberación masiva de detenidos», aseguró Teresa García en diálogo con el programa «Todos Juntos», que conduce Fernando Carnota por Radio Rivadavia.
En ese sentido, la funcionaria explicó que se «está considerando aquellos casos de alto riesgo dentro de los penales», tras indicar que ante «el deterioro» de los centros de detención y «la circulación del virus» de no tomarse una medida como la prisión domiciliaria «implicaría una masacre».
La Justicia criticó la «superpoblación» de las cárceles
Por el lado de la Justicia, la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires responsabilizó a la política por la «superpoblación» de las cárceles y consideró que «la solución a una crisis social nunca es jurídica».
«Frente a la pandemia, nuevamente el Poder Judicial intenta enfrentar el problema, con los escasos medios legales que dispone. El Tribunal de Casación Penal bonaerense hizo lugar a un Habeas Corpus colectivo, otorgando prisión domiciliaria solo en favor de quienes hayan cometido delitos ´leves´ y se encuentren en grave ´riesgo´ por la precariedad de su salud (647 casos, según el primer listado del P.E.); instando, por otra parte, a que los jueces revisen en cada caso, la situación de otros individuos que pudieran continuar su prisión fuera de las cárceles», señaló el grupo en un comunicado.
En tanto, el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, volvió a rechazar las advertencias del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, respecto a la posibilidad de avanzar con juicios políticos a jueces que liberen detenidos y destacó que los magistrados «no van a hacer locuras».
«Las decisiones conforme lo que prevé el régimen de la Justicia no son motivo de juicio político», sostuvo el juez de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín.
En declaraciones a radio La Red, señaló que «para poder iniciar un juicio político a un magistrado que libera a un preso tiene que haber supuesto de prevaricato, es decir, decidir contrario a derecho, o cohecho, es decir convencido a través de un método que no ea el idóneo para esta decisión».
Por su parte, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, admitió que «no es justa» en «absoluto» la salida de presos, pero consideró que «el principio general» en la provincia de Buenos Aires «no es liberarlos», sino ocuparse «solamente de los grupos de riesgo» dentro de las unidades penitenciarias en el contexto de COVID- 19.