El Senado aprobó esta madrugada, tras un extenso debate, la ley para morigerar la suba de las tarifas de servicios públicos impulsada por el peronismo, pese a la resistencia de Cambiemos. La misma quedó sin efecto luego del veto del Gobierno nacional, que se dio a conocer durante la mañana del jueves.
Con 37 votos a favor, provenientes del Bloque Justicialista, el Frente para la Victoria y otras bancadas satélite, y 30 en contra aportados por Cambiemos y buena parte del Interbloque Federal, la norma se aprobó luego de casi 12 horas de debate.
La norma establecía retrotraer las tarifas a noviembre de 2017 y dispone que los aumentos no superen el índice de variación salarial para usuarios residenciales y el de precios mayoristas para las pymes, al tiempo que señala que las empresas deberán devolver lo que se cobró de más hasta el momento.
Para evitar que la ley termine en el veto presidencial, el el oficialismo intentó hasta último momento bloquear la aprobación de la ley mediante una ausencia de senadores que dejara la sesión sin quórum y, de hecho, la sorpresiva retirada del puntano Adolfo Rodríguez Saá les dio una luz de esperanza.
Sin embargo, incluso los pocos senadores peronistas que no acompañaron el proyecto, como Rodolfo Urtubey o los miembros del Interbloque Federal, se mantuvieron inamovibles en su postura de no quitar quórum.
Los senadores de Cambiemos rechazaron el proyecto con el argumento de que tendrá un impacto fiscal negativo y que beneficia principalmente a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, al tiempo que criticaron el esquema de subsidios que mantuvo las tarifas baratas durante la gestión del kirchnerismo.
En la vereda de enfrente, el Bloque Justicialista, el kirchnerismo y otras bancadas opositoras argumentaron que los aumentos en gas, electricidad y agua corriente deben tener un límite y que el Gobierno tiene que rever su política energética, al tiempo que cuestionaron la situación general de la economía.
A favor
El jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, subrayó que el Gobierno «incrementó el gas 1.157% en dos años, la electricidad 371%, el agua, la más cara del mundo, 484%» y agregó: «Esto es un mensaje del Congreso. Este camino no cierra. Deben repensar cómo hacen la tarifa más razonable para que la gente la pueda pagar».
Además, sostuvo que el Gobierno no hizo una propuesta alternativa sino que «el juego fue tratar de que no hubiera dictamen, presionar, como hicieron hoy, que presionaron fuerte» y advirtió: «No es recomendable romper los puentes con la oposición, aún con la más dura».
La líder del Frente para la Victoria Cristina Kirchner preguntó «cómo es que no hay recursos para subsidiar las tarifas pero sí para compensar a las petroleras por el congelamiento de los combustibles».
También advirtió que «estas tarifas van a tener que ser reactualizadas a partir de la devaluación» y subrayó que «si al mismo tiempo que suben las tarifas bajan los salarios se desacoplan los precios relativos».
El catamarqueño Dalmacio Mera, del Bloque Justicialista, sostuvo que las tarifas «tienen que tener un límite atado a la variación del salario» y agregó: «No puede ser que las empresas estén ganando lo que están ganando y los usuarios estén viendo si pagar la salud o las tarifas, o las expensas o las tarifas».
El cordobés Carlos Caserio, del mismo bloque, afirmó que es «injusto» que las provincias del interior estén «subsidiando la tarifa de Capital Federal y provincia de Buenos Aires».
La mendocina Anabel Fernández Sagasti, del kirchnerismo, sostuvo que «la política energética que lleva adelante un ministerio cartelizado como nunca antes, constituye una gran estafa nacional, que transfiere millones y millones de pesos del bolsillo de los ciudadanos a un grupo de empresarios amigos del poder».
En contra
El porteño Federico Pinedo, de Cambiemos, aseguró que la ley es «inviable» y agregó: «Esto podría ser el anuncio de una fiesta que no se podría pagar y cuando viniera la resaca de la fiesta nos encontraríamos con un drama, porque cuando esas cosas pasan siempre se salda sobre las espaldas de los más pobres».
A su turno, el jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, le apuntó al justicialismo y disparó: «De arranque acompañaron las medidas del Gobierno, un sentimiento de culpa por haber sido parte de la Argentina que nos dejaron. Pero hay un punto de inflexión donde se demuestra la responsabilidad y es en las difíciles, no en las buenas».
«Esta irresponsabilidad, de privilegiar una vez más al AMBA y que el interior pague los subsidios no lo vamos a aprobar. Alguien alguna vez tiene que hacer lo que se debe», concluyó.
El bonaerense Esteban Bullrich también afirmó que el proyecto «es irresponsable» y «sostiene una desigualdad que se heredó, que hacía que en el interior se pagaran tarifas hasta en un 70% más caras».
«No vamos a poner 10 pesos en el bolsillo de un argentino para sacarle 50 del otro», sostuvo Bullrich y, en referencia a la administración anterior, remarcó: «Les pusieron 10 pesos en el bolsillo pero le sacaron 50 del otro».
La cordobesa Laura Rodríguez Machado, de la misma bancada, se refirió al kirchnerismo y señaló: «Como niegan el problema, niegan que mintieron sobre la inflación, ahora parece que los que generamos el problema de las tarifas somos nosotros, que en realidad queremos transparentar las tarifas gradualmente».