El gobierno nacional aprobó el modelo de contrato de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 20 millones, destinado a financiar el “Programa para la Implementación de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera de Argentina”.
Lo hizo a través del decreto 476/2018 publicado hoy en el Boletín Oficial, y que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri; del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Finanzas, Luis Caputo.
El decreto precisó que “el objetivo del citado Programa es contribuir a incrementar el acceso y uso de servicios financieros para hogares y empresas a través de implementar la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera; e incrementar el acceso a crédito de Micro y Pequeñas Empresas”.
El crédito del BID tiene 25 años de plazo, con cinco años y medio de gracia; una tasa de interés basada en la Libor, actualmente en 2,76% anual, y cuenta con una contrapartida local de US$ 1 millón.
Se trata de una iniciativa que el Gobierno, con el apoyo la reina Máxima Zorreguieta de los Países Bajos, comenzó a llevar adelante el año pasado, por lo cual solicitó financiamiento al BID, que a su vez contribuyó en la preparación y diseño del programa.
En su carácter de embajadora especial del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Inclusión Financiera para el Desarrollo, la reina Máxima Zorreguieta participó en este proceso desde su inicio en encuentros con autoridades argentinas y del Banco.
De acuerdo con los contenidos del programa, la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera mejorará el acceso de los hogares y empresas al sistema financiero formal, e incrementará el uso de servicios financieros y de medios de pagos promoviendo la oferta de servicios financieros digitales.
Asimismo, fomentará el acceso de las micro y pequeñas empresas a crédito en condiciones sostenibles.
Su implementación incluirá el fortalecimiento de las capacidades de los oferentes de servicios financieros, con objeto de mejorar los niveles de acceso y uso por los hogares, y fortalecerá la capacidad institucional del Gobierno para desarrollar políticas de inclusión financiera.
Los beneficiarios serán la población excluida del sistema financiero en condición de pobreza y vulnerabilidad y segmentos cuyos ingresos provienen de fuentes informales, la población que no hace un uso adecuado de los servicios financieros y las micro y pequeñas empresas.