“Las autoridades no ofrecieron una respuesta adecuada a una amplia gama de violaciones de derechos humanos", afirmaron desde la ONG.
Las autoridades de Brasil «no ofrecieron una respuesta adecuada a una amplia gama de violaciones de derechos humanos», afirmaron desde la ONG.
Amnistía Internacional (AI) denunció la retórica del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, contra los derechos humanos en el país, escenario de un «aumento del número de homicidios cometidos por policías» y de una «grave crisis» en la Amazonia que afectó a los pueblos indígenas.
Así lo denunció la organización no gubernamental en su informe anual difundido anoche, en el que también citó los intentos del gobierno brasileño de restringir las actividades de las ONG, así como el aumento de los homicidios y amenazas contra los defensores de los derechos humanos.
De acuerdo con AI, las autoridades «no ofrecieron una respuesta adecuada a una amplia gama de violaciones de derechos humanos» y «mantuvieron un discurso abiertamente contrario» a los mismos, «que incluía declaraciones dirigidas a debilitar el sistema interamericano de derechos humanos».
AI criticó el discurso de «línea dura» adoptado por las autoridades federales y regionales, especialmente en Río de Janeiro, donde 1.249 personas murieron a manos de la policía entre enero y julio de 2016, un 16% más respecto a 2018, según un informe presentado por la Fiscalía del estado fluminense.
La organización atribuyó el aumento de muertes a manos de agentes al accionar del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, quien autorizó «intervenciones policiales militarizadas que se caracterizaban por altos niveles de violencia policial, crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos» bajo el pretexto de una «guerra contra las drogas».
«En este contexto aumentaron los homicidios de presuntos delincuentes, especialmente de aquellos que, según las autoridades de seguridad, estaban implicados en narcotráfico», relata el informe, que también subrayó el aumento de muertes de agentes en el período.
El informe también denuncia la falta de políticas públicas «coherentes» por parte del gobierno para frenar la creciente deforestación y los incendios que el año pasado amenazaron la selva amazónica, donde ardieron alrededor de 435.000 hectáreas en los primeros ocho meses.
Los incendios afectaron a los medios de vida y la salud de comunidades rurales y urbanas, especialmente las comunidades indígenas y de afrodescendientes que viven en la región.
«Los devastadores incendios en la Amazonia eran el síntoma de una crisis mayor de deforestación ilegal y confiscación de tierras», resalta el estudio.
De acuerdo con AI, la legislación brasileña contenía disposiciones «firmes» para la protección de los territorios de los pueblos indígenas y las reservas medioambientales, pero el presidente Bolsonaro «ha tratado activamente de socavar dichos mecanismos de protección».
Según el Consejo Indigenista Misionero, entre enero y septiembre de 2019 se registraron 160 invasiones de territorios indígenas, frente a los 109 de todo 2018 y los 96 de 2017.
«El Gobierno no cumplió su obligación de proteger a los pueblos indígenas y adoptó medidas que aumentaron los riesgos que enfrentaban», concluyó AI.