Así lo reveló una investigación de La Nación que encontró varios casos de este tipo
Así lo reveló una investigación de La Nación que encontró varios casos de este tipo
Una investigación del diario La Nación reveló que en Rosario efectivos de la Policía están destinados a custodiar personas que integran o han integrado clanes narco. La denuncia llega en un momento de cuestionamiento en la seguridad local ya que en los pocos días del 2020 hubo 40 homicidios en el departamento.
En primer lugar, el periodista Germán de los Santos detalla la situación que se vive en Cavia al 1300. Allí reside María Elena Pérez, la madre de Emanuel Sandoval, quien confesó haber atentado contra la casa de Antonio Bonfatti en 2013 y fue asesinado el 25 de octubre por un grupo comando que irrumpió en su vivienda. Mimi, como también se conoce a la mujer, «tiene custodia policial en su casa, por orden judicial, donde los vecinos del barrio denuncian que vende drogas».
De acuerdo a algunas denuncias, esa casa es un «reclutamiento de distribuidores de droga que hacen delivery de cocaína en la zona norte». Varias llamadas al 911 durante el último año han advertido de la actividad irregular en la casa de la mujer. «A la vuelta de donde está el patrullero entregan la droga», señaló una vecina a la propia policía.
Como este caso, La Nación encontró varios más en su investigación. Por lo que especificó que hay «un total de 640 personas que tienen actualmente custodia en Rosario, donde están destinados para esa tarea 1274 efectivos policiales, casi un tercio del total de uniformados que posee esa fuerza en la ciudad».
«Este caso de la familia Sandoval es un ejemplo del dislate que existe en este tema de las custodias, en el que hay un claro divorcio entre la causa judicial que se investiga y la asignación de una custodia para sacarse responsabilidades de encima. Por una desidia administrativa, el propio Estado termina protegiendo a una persona sospechosa de ser narco», dijo el ministro de Seguridad santafesino, Marcelo Sain.
«No es solo un problema de asignación de recursos, sino de estrategias para resguardar a una persona. El Poder Judicial debería contar con otras herramientas y no solo con el uso de un patrullero para este tipo de custodias. Esas herramientas hoy existen, pero no se utilizan», señaló el funcionario.
Cada vez que un fiscal solicita una custodia, debería reafirmar ese pedido cada 15 días, pero eso no pasa. «Hay un abuso de parte de la Justicia en otorgar, muchas veces sin justificación, custodias a personas que deberían estar presas o que usan el escudo de la policía para seguir cometiendo delitos», afirmaron en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
En su informe, de los Santos destacó que «56 patrulleros por turno de un total de 91 que están de servicio estén abocados a custodias». Esto enmarcado en un contexto de violencia extrema que ha dejado 40 muertos en lo que va del año. Además, reveló otros dos casos similares al de Mimi en cuanto a las custodias. El de «el caln Padilla» y el de Oscar García.
«Otra familia narco emblemática de Rosario que tiene custodia policial es el clan Padilla, que fue uno de los primeros en instalar aquí cocinas de cocaína. Claudia y Brenda Padilla, hijas de Roberto, alias Tuerto Boli, cuentan con una custodia durante las 24 horas en su casa en la calle La República. Esa organización, cuyo líder fue asesinado en diciembre de 2012, cuando estaba con libertad condicional, está sospechada por la Justicia de estar detrás del triple crimen que ocurrió el domingo de la semana pasada, cuando fueron acribillados con una ametralladora Cristofer Albornoz, su expareja Florencia Corvalán y su beba Chelsi, de un año y medio. El padre de Cristofer, Miguel Ángel Albornoz, exsocio de Padilla, denunció amenazas y también pidió custodia policial el miércoles pasado», informó.
Y sobre el otro, aclaró: «Un caso similar es el de Oscar García, alias Manco, cuyas propiedades fueron allanadas por narcotráfico varias veces, y que fue condenado a tres años de prisión en mayo pasado por asociación ilícita. En su casa de la zona sudoeste de Rosario está apostado un patrullero durante las 24 horas. Es cuñado de Jorge Laferrara, exmiembro de Los Monos, cuyo hijo Mauricio, alias Caníbal, fue imputado del ataque a una distribuidora de bebidas de García, quien quedó hemipléjico por un balazo. El 7 de febrero pasado, el patrullero que custodiaba la casa de Manco fue blanco de disparos, que habrían estado dirigidos a su hijo. Una suboficial que estaba dentro del móvil sufrió heridas en el rostro por las esquirlas de las balas y los vidrios».
«La policía y el Ministerio de Seguridad deberían tener la posibilidad de evaluar las condiciones sobre cómo se instrumentan estas custodias sobre la base de los medios que posee la fuerza», dijo en diálogo con LA NACION el jefe de la policía, Víctor Sarnaglia, y agregó: «Hay más de 1,2 millones de personas en Rosario que tienen derecho a tener seguridad».
Para cerrar, se refirió a un caso en el que la custodia es de Gendarmería, no la policía. «Es el caso de Norma Acosta, condenada en 2013 por narcotráfico a seis años de prisión, un fallo que fue ratificado en febrero de 2018 por la Cámara de Casación. Esta mujer, que tuvo un alto perfil mediático durante mucho tiempo, tras la muerte de su ex marido Miguel Ángel Saboldi, asesinado en un incendio en la cárcel en abril de 2013. Al homicidio de su ex marido le siguió la muerte de su hermano, Aldo Acosta, ejecutado a tiros en Presidente Roca al 2300, el 1º de abril de 2014. Luego mataron a su padre, también llamado Aldo Acosta, quien recibió seis balazos en la puerta de su casa de Villa Gobernador Gálvez, el 3 de diciembre de 2014», concluyó.
Fotos: Marcelo Manera – La Nación