La situación judicial de Hugo Moyano se complicó hoy luego de que la Policía Federal allanara la sede central de Camioneros en una causa por un supuesto pedido de coimas y extorsión, y también fuera citado a declarar por la Justicia de Córdoba por presunto lavado de dinero en la compra- venta de inmuebles en esa provincia.
El operativo policial tuvo lugar durante la mañana en la sede de Camioneros ubicada en San José al 1.700, en el barrio de Constitución, luego de que la semana pasada también se registrara otro allanamiento en la sede de Camioneros de San Miguel.
La orden del procedimiento la dictó el juzgado de garantías N° 1 de Moreno, a cargo de Adriana Alicia Julián, en el marco de una causa que investiga supuestas extorsiones sufridas por empresarios del transporte.
La denuncia que originó la investigación afirma que dirigentes del sindicato de San Miguel ejercieron amenazas y pedidos de coimas a comerciantes para que trabajaran únicamente con determinadas empresas, las cuales estarían en connivencia con su agrupación.
En el operativo en San Miguel realizado el sábado pasado, la Policía Federal incautó 130 mil dólares de una caja fuerte. En tanto, en las puertas de la sede central, el abogado de Camioneros, Rodrigo Condori Saldaño, advirtió este jueves que «es fácil decir la palabra extorsión y lo difícil es probarlo».
«Acá hay un incumplimiento de los contratos colectivos de trabajo», se quejó el letrado quien planteó que estas denuncias contra Moyano se dan «justo cuando empiezan las paritarias».
«Hugo y Pablo (Moyano) dicen ´pongan toda la documentación a disposición porque no tenemos nada que ocultar´», remarcó Condori Saldaño en declaraciones a la prensa.
Por otra parte, este jueves el Juzgado Federal 2 de Córdoba citó a declarar a Hugo Moyano el 31 de este mes en el marco de la causa en la que está imputado por el fiscal Gustavo Vidal Lascano por presunto lavado de dinero y defraudación en la compra-venta de inmuebles en esa provincia.
El eje de la causa es la compra por parte del Sindicato de Chóferes de Camiones en diciembre de 2013 de terrenos en La Falda (en Punilla, a unos 70 kilómetros de la capital provincial).
El gremio pagó 6 millones de pesos por cinco inmuebles que habían sido adquiridos por otra persona dos meses antes por unos 310.000 pesos.
La base imponible de los terrenos era de 964.553 pesos, por lo que la brecha entre las operaciones es lo que origina la sospecha que termina en denuncia.
En el marco de esta situación, Pablo Moyano ratificó este jueves la convocatoria a una gran marcha para el feriado del 25 de Mayo en contra de los aumentos de tarifas, de la reforma laboral y del auxilio financiero del FMI. L
a movilización será de la Multisectorial 21 de Febrero, que incluye a Camioneros, las dos CTA y organizaciones sociales que vienen realizando protestas contra el gobierno de Mauricio Macri.