Por Diego Añaños
Por Diego Añaños
El FMI presentó su informe trimestral de Perspectivas Económicas Globales (WEO en inglés, por World Economic Outlook). Según el mismo, la economía mundial crecerá un 3,3% en 2020 y 3,4% en 2021, lo cual implica una revisión a la baja con respecto al informe publicado en octubre. Según las primeras estimaciones disponibles, el crecimiento para 2019 fue de 2,9%. Sin embargo, y más allá de los pronósticos, el organismo dejó claro que las perspectivas siguen siendo inciertas, y el resultado final depende de varios factores.
Entre ellos el comportamiento de las economías consideradas estresadas como Argentina, Turquía e Irán, y de otras economías emergentes y de bajo rendimiento como Brasil, India y México. Sin dudas, también, que todas las miradas están puestas en la desaceleración del crecimiento chino como uno de los ejes fundamentales del 2020. También hubo una revisión a la baja para los países de América Latina, aproximadamente del mismo tenor.
El empeoramiento de las expectativas se debe fundamentalmente al desempeño proyectado para dos países. Por un lado, el arrastre negativo que produce la economía mexicana, afectada por la persistente debilidad de la inversión, y por el otro, la economía chilena, afectada por la tensión social de los últimos meses.
Las buenas noticias vienen desde Brasil. Según el FMI crecerá un 2,2% en 2020 y un 2,3% en 2021, lo cual representaría una recuperación muy robusta en relación con el bajo desempeño de 2019, con un crecimiento de un 1,2%. Si efectivamente se cumplieran los pronósticos del Fondo, serían excelentes noticias para la Argentina, ya que el comportamiento de la economía del Brasil, es fundamental para nuestro país, ya que se trata de nuestro principal socio comercial.
Parece claro que hay dos factores fundamentales a la hora de analizar la suerte de la Argentina en 2020, la esperada recuperación brasileña, y el nuevo acuerdo con el Fondo. Las negociaciones parecen avanzar positivamente, y los principales funcionarios el organismo se muestran muy conformes, tanto con la batería de medidas de emergencia dispuestas por el presidente Fernández, como por los planteos con respecto al manejo de las negociaciones.
El gobierno argentino pretende avanzar rápidamente en la reestructuración de la deuda, y en la semana que pasó se avanzó en ese sentido. En una conferencia de prensa el ministro Guzmán anunció que el Ejecutivo envió al Congreso, firmado por el Presidente, el Jefe de Gabinete, y él mismo, la Ley para la Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. El gobierno espera que se dé tratamiento al proyecto de 9 artículos durante las sesiones extraordinarias convocadas para la semana próxima en la Cámara Baja.
Según las palabras de Guzmán “lo que se hizo con la deuda (durante la gestión de Mauricio Macri) fue un desastre, el país no puede sostener la carga de deuda que enfrenta”. Vale aclarar que hoy el stock de deuda supera los U$S300.000 millones, y es equivalente al 90% del PBI. Es imposible pretender crecer armónica y sostenidamente en el tiempo con ese nivel de endeudamiento, especialmente considerando el calibre de los vencimientos de los próximos años. Reiteró que la voluntad de pago está intacta, pero sostuvo que bajo las actuales condiciones es impracticable.
El razonamiento es circular: si no se generan las condiciones para crecer, es imposible honrar los compromisos de deuda. Y para crecer se necesita reperfilar las obligaciones, de modo de habilitar la posibilidad de una política macroeconómica expansiva. En resumen, hasta que no se resuelva la reestructuración de la deuda, y no tengamos una idea clara de cuánto debemos, y cómo lo vamos a pagar, no se puede avanzar en el diseño de un programa macro integral, tal como se planteó desde el primer momento.
El proyecto autoriza a ampliar facultades al ejecutivo para la negociación de la deuda emitida bajo legislación extranjera. Además designa al Ministerio de Economía como autoridad de aplicación de la ley, y establece el monto de las comisiones a pagar a los intermediarios, que en ningún caso podrán superar el 0,1% “por todo concepto del monto efectivamente canjeado y/o reestructurado”. Se estima que la reestructuración busca reperfilar pasivos por un monto de alrededor de U$S100.000 millones. Más de la mitad de la deuda está en manos de acreedores privados.
El Ministro fue claro, el proceso de negociación se hará en el marco de lo dispuesto por la Ley de Administración Financiera, la cual exige que cualquier reestructuración mejore al menos dos de las tres condiciones presentes en todo acuerdo: plazos de pago, tasas de interés y monto del capital. Consultado acerca de las perspectivas de éxito que maneja el Ejecutivo, Guzmán sostuvo que cuenta con la buena voluntad de los acreedores. Paralelamente, afirmó que un acuerdo en otras condiciones sería más gravoso para los tenedores de deuda, por lo que una solución negociada es más beneficiosa para todos, no sólo para el Estado Argentino.
Ante la duda de un periodista con respecto a las condiciones que eventualmente impondría el FMI la respuesta fue taxativa: “Nosotros estamos en control, éste es un plan económico diseñado por nosotros y ejecutado por nosotros. No vamos a permitir ninguna condicionalidad”.