Cambiemos buscará esta semana recuperar la iniciativa parlamentaria en la Cámara de Diputados, tras el revés en la votación sobre tarifas, con la discusión de un proyecto impulsado por el oficialismo que busca expropiar tierras para urbanizar unos 4.000 barrios precarios de todo el país.
Desde hace tres semanas la conducción del interbloque Cambiemos -que conduce Mario Negri- busca terminar con la discusión del aumento de tarifas, tema ante el cual la oposición marcó la agenda parlamentaria y demostró el poderío que tiene el peronismo cuando se une.
En la última sesión especial, el oficialismo consiguió la sanción de los proyectos de Financiamiento Productivo y de Defensa de la Competencia, pero tuvo un revés cuando la oposición consiguió votar -por 133 contra 94 votos- una iniciativa para atenuar las tarifas de servicios públicos.
Ahora, Cambiemos intentará instalar en el Congreso una agenda propia con la discusión de la urbanización de villas de emergencias y barrios precarios, pero que requiere una fuerte inversión en medio de un contexto de ajuste para reducir el déficit del gasto primario contemplado en el presupuesto nacional.
Por ese motivo, Cambiemos impulsó la convocatoria a un plenario de comisiones para el miércoles a las 10 a fin de que exponga la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, sobre el proyecto consensuado entre el gobierno y los legisladores oficialistas, que presentaron los tres jefes de bancadas de la UCR, Negri, del PRO, Nicolás Massot, y de la Coalición Cívica, Elisa Carrió .
Con la exposición de Stanley en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Vivienda -que será coordinado por el macrista Pablo Tonelli junto a los oficialistas Daniel Lipovetzky y Luciano Laspina, y el massista Felipe Solá- se abrirá la discusión de esta iniciativa.
Una de las preguntas de la oposición es cómo se financiará esta inversión en un contexto de ajuste económico, y cuando el Gobierno busca reducir el déficit fiscal del 3,2% al 2,7% del PBI, lo que implica un recorte de 3.200 millones de dólares.
Este será el punto central del debate de esta iniciativa, que declara de «interés público» el régimen de integración socio-urbana de los barrios populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap), creado por el decreto 358/2017.
El proyecto determina que «la declaración de utilidad pública aplica exclusivamente sobre los bienes inmuebles en los que se encuentran asentados barrios populares debidamente relevados e identificados en el Renabap a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y cuya propiedad no sea del Estado Nacional».
Se establece que «será la Agencia de Administración de Bienes del Estado la que actuará como sujeto expropiante»; es decir que «individualizará los bienes inmuebles a expropiar incluidos en el Renabap, utilizando la totalidad de la información existente, así como aquella que pudiera obtener con el objeto de la mejor identificación de los bienes inmuebles sujetos a expropiación».
También determina que la Agencia de Administración de Bienes del Estado deberá, además de «identificar los inmuebles sujetos a expropiación, promover el avenimiento con los titulares de registro de los bienes inmuebles sujetos a expropiación».
El proyecto agrega que «la reglamentación fijará un plazo perentorio para acordarlas, que no podrá exceder de 60 días hábiles contados a partir de la notificación al expropiado de la respectiva tasación por parte del Tribunal de Tasaciones de la Nación».
Por otro lado, se fija que esa agencia y el ministerio de Desarrollo Social deberán celebrar acuerdos con las provincias, municipios y la ciudad autónoma de Buenos Aires, con el objeto de transferir aquellos bienes inmuebles de titularidad de los mismos, que formen parte de los bienes inmuebles sujetos a expropiación.
Además establece que «en caso de falta de acuerdo, el PEN estará facultado a proceder al mecanismo de expropiación previsto en la presente ley, abonando los montos que determine el Tribunal de Tasaciones de la Nación».
Los gastos que se deriven de cada uno de los convenios firmados «serán afrontados en partes iguales por las jurisdicciones firmantes», se establece.
El proyecto oficialista crea asimismo un fideicomiso «con el objeto de financiar la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar adelante el objeto de la ley».