La fiscalía y las querellas pidieron hoy 25 años de prisión efectiva para el cura Justo José Ilarraz, acusado de abuso y corrupción de menores en el seminario menor de Paraná, en la etapa de alegatos del juicio a puertas cerradas que comenzó el 16 de abril.
Durante la jornada dos querellas se plegaron al pedido de los fiscales Francisco Ramírez Montrull y Álvaro Piérola de prisión preventiva para Ilarraz, mientras que la tercera la pidió sólo si el máximo tribunal nacional resuelve que los delitos no están prescriptos.
En tanto, el Tribunal integrado por Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel determinó que dará a conocer el veredicto el lunes 21 de mayo al mediodía.
El fiscal Piérola dijo en conferencia de prensa que pidieron 25 años de prisión efectiva, «que es la pena máxima que dispone el Código» vigente al momento de los hechos.
«Una pena justa por todas las agravantes que tiene el caso: su condición de sacerdote, el ámbito en el que los hechos se dieron, y la impunidad y protección que se le garantizó que no permitió que estos hechos se diluciden y se tramiten en la justicia antes y no a 30 años», detalló.
En tanto, explicó que «por su capacidad económica y su arraigo dudoso ya que vive en Tucumán y ahora en Paraná Ilarraz puede fugarse» y remarcó que «durante todo el juicio no supimos cuál es su domicilio, recién ayer constituyó uno, por eso solicitamos» prisión preventiva».
El fiscal Ramírez Montrull precisó que esta mañana «la fiscalía detalló las situaciones vividas por las víctimas y las pruebas presentadas y se habló de la pena solicitada, en base a la acusación del delito de promoción y corrupción de menores agravada por el carácter de educador».
Por su parte, las tres querellas que representan a las siete víctimas que denunciaron al cura coincidieron con la fiscalía en solicitar la pena de 25 años de prisión efectiva.
Los abogados querellantes Marcos Rodríguez Allende; Santiago y Victoria Halle y Lucio Amavet también pidieron que se dicte la prisión preventiva en caso de resultar condenatoria la sentencia.
En tanto, los letrados que representan a una de las víctimas, Milton Urrutia y Alejandra Pérez, consideraron que la prisión preventiva debe efectivizarse si la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelve que no prescribieron los delitos.
A su turno, el abogado defensor Jorge Muñoz pidió el sobreseimiento de Ilarraz, ya que lo considera «inocente»; y negó la existencia de los hechos relatados por las víctimas.
El cura, que permaneció en la sala de audiencias durante toda la jornada, pidió la palabra a último momento y repitió parte de su declaración anterior: que es «inocente» y que fue víctima «de un plan orquestado» por un seminarista que «le tenía celos».
Dos de las víctimas decidieron participar de la etapa de alegatos, pero en horas de la tarde optaron por retirarse notablemente quebrados emocionalmente.
Una de las víctimas del abuso sexual de menores por el que se juzga al cura Justo Ilarraz en Paraná declaró ayer a los jueces que este proceso le sirvió para quitarse el ahogo y sufrimiento que padeció durante casi tres décadas.
Sergio Romero, una de las víctimas del abuso, había declarado ayer ante los jueces: «me saqué de encima el ahogo que tuve durante 27 años». Romero fue victima de Ilarraz cuando en su adolescencia estudió en el Seminario Arquidiocesano de Paraná, donde se ordenó sacerdote pero dejó de ejercer al cabo de un año.
«Vine a decir todo lo que dije motivado por mi mujer y mi hijo. Quise contar lo que sabia, porque durante 27 años no pude hacerlo. Quiero seguir sanando con la palabra y siempre con la verdad. Necesito cerrar un ciclo de mi vida».
«Mi fe está intacta. Los que tienen fe, les pido que no decaigan por esto. Esta es sólo la conducta de un hombre. Esto no es algo que sí o sí les tiene que pasar a todos. Fuimos parte de una historia que no queríamos y que asumimos como pudimos», afirmó al salir de la audiencia.
Ilarraz está acusado de haber abusado de siete niños de entre 10 y 14 años en el Seminario Arquidiocesano de Paraná, donde se desempeñaba como preceptor y tenía a los menores a su guarda entre 1984 y 1995.