El gobierno de Nicaragua sacó este jueves a las calles del país a unos 15.000 agentes de la Policía Nacional, cuando el Estado paga del aguinaldo a los empleados públicos, en medio de la peor crisis sociopolítica en décadas.
Los 15.000 agentes se sumaron a una presencia policial que ya era fuerte en los puntos céntricos de cada ciudad, debido a la crisis que mantiene enfrentada a muchísimos nicaragüenses con el presidente Daniel Ortega, desde el estallido popular de 2018.
La Policía nicaragüense informó que brindarán protección en calles, bancos, paradas y terminales de autobuses, mercados y centros comerciales.
Según la información oficial brindada esta mañana, cerca de 165.000 trabajadores de 32 instituciones del gobierno Central y 25 oficinas descentralizadas, más 281.000 pensionados, recibirán unos 1.700 millones de córdobas (unos 50,4 millones de dólares) en pago por aguinaldo.
El segundo jefe de la Policía de Managua, Fernando Borge, afirmó que los agentes se han instalado en 100 puntos de regulación vial, y 700 puntos de vigilancia, informó la agencia de noticias EFE.
Adicionalmente la Policía nicaragüense ha dispuesto de 600 patrullas móviles y agentes de civil en labores de inteligencia, según Borge.
Los desembolsos del décimo tercer mes serán mayores entre el 1 y el 10 de diciembre próximo, cuando el sector privado realice pagos a sus empleados por una cantidad cercana a los 10.000 millones de córdobas (unos 296,6 millones de dólares).
La economía de Nicaragua ha sido golpeada desde el estallido social de abril del año pasado contra Ortega, que le hizo retroceder un 3,8 % en 2018, y según el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría caer un 5,7% adicional en 2019, pese a que el Gobierno esperaba crecer un 1%.
El saldo más impactante de la crisis es humanitario, ya que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dejado al menos 328 muertos, aunque órganos locales suman hasta 651, y el Gobierno admite 200.
La crisis sociopolítica parece no tener una pronta solución, ya que por un lado los opositores dicen estar gobernados por un dictador, y por otro, Ortega administra los derechos constitucionales alegando ser víctima de un «golpe de Estado fallido».
En Nicaragua a diario se reportan asedios, capturas o desapariciones de civiles a manos de policías y paramilitares, así como abusos contra «presos políticos», también a menudo se informa de muertes de opositores y agresiones a templos católicos. El Gobierno sostiene que «todo está normal».
Una crisis similar no se observaba en Nicaragua desde los años 1980 a 1990, década en que Ortega gobernó por primera vez el país centroamericano.