El presidente de Colombia, Iván Duque, advirtió que garantizará el orden durante el paro nacional convocado por organizaciones sociales para hoy, contra «el paquetazo» que incluye reformas laboral y previsional sugeridas por el FMI.
«Defenderemos con todas las herramientas que nos da nuestra Constitución el derecho de los colombianos a vivir con tranquilidad», aseguró anoche Duque, que recibe este día con temores de contagio regional, tras las crisis desatadas en Chile, Ecuador y Bolivia, y con el Ejército y la policía acuartelada.
Duque reiteró en una alocución que «hay unos pocos» que ven en el derecho a la protesta «una oportunidad de agitación basada en mentiras», y que lo único que buscan es generar división entre los colombianos.
Las autoridades aseguran tener datos fiables de la posibilidad de actos de vandalismo.
Como prevención, las clases se suspendieron en muchas universidades y colegios y varias empresas reorganizaron sus horarios laborales, mientras los alcaldes garantizaron el funcionamiento de los sistemas de transporte, informó el periódico bogotano El Tiempo.
Al paro, llamado a principios de octubre por el Comando Nacional Unitario, conformado por las centrales obreras del país, fue creciendo en convocatoria con la adhesión de otras organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles.
El gobierno asegura que no hay ningún texto definido en relación a los temas que concentran el reclamo popular, y que los proyectos que presente serán concertados.
Pero las organizaciones de trabajadores argumentan que varios voceros del Ejecutivo ya dejaron claro que apuntan a la flexibilización laboral y a debilitar el organismo estatal que gestiona las jubilaciones, a favor de los fondos privados.
El amplio abanico de exigencias incluye el fin del incesante asesinato de líderes sociales, indígenas y ex combatientes que firmaron la paz, las ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas y la estigmatización de la protesta social.
Desde el lunes, las Fuerzas Armadas y la Policía permanecen en acuartelamiento «de primer grado» por orden del comandante, Luis Fernando Navarro, quien instruyó la medida como prevención.
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ha dicho que el gobierno dará plena potestad a alcaldes y gobernadores para tomar decisiones extraordinarias, entre ellas el toque de queda, para garantizar la seguridad y el orden público durante la huelga.
Las autoridades temen que el llamado se vea potenciado por el creciente descontento popular ante un Ejecutivo que mantiene abiertos múltiples frentes de fricción social, lo que despierta -entre los organizadores- grandes expectativas.
Recientemente y de golpe, Bolivia, Chile y Ecuador fueron escenario de fuertes crisis políticas marcadas por protestas callejeras que aunque con efectos y causas diversas, son interpretadas como un movimiento telúrico que recorre la región con fuerza potencial para erosionar, como mínimo, gobiernos.