El jefe de Gabinete, Marcos Peña, insistió hoy con que la definición de las tarifas de los servicios públicos «no es un tema legislativo», sino que «corresponde a la potestad del Poder Ejecutivo, tanto nacional como de las provincias», y celebró «la actitud de varios gobernadores» que «salieron a plantear con toda claridad» un postura en ese mismo sentido.
Peña reaccionó de este modo ante el dictamen de los bloques opositores en Diputados que habilitó el tratamiento en el recinto -por mayoría simple- del proyecto que propone actualizar las tarifas de luz y gas de acuerdo con la variación de los salarios.
La oposición pedirá una sesión especial para el miércoles de la semana próxima para tratarlo.
El jefe de Gabinete reiteró la predisposición del Gobierno de escuchar «si hay mejores propuestas para reducir el déficit, ordenando las cuentas públicas y sincerando una situación que es profundamente injusta a nivel federal en materia de subsidios».
Sin embargo, recordó que «muchos gobernadores venían reclamando una visión más federal en materia de subsidios, energía y transporte», y allí inscribió la cuestión de las tarifas.
En tanto, varios gobernadores coincidieron con Peña. El mandatario de Entre Ríos, Gustavo Bordet, sostuvo que el Congreso nacional «no es el ámbito de definición de la política tarifaria energética» y que el gobierno nacional «es quien debe hacerse cargo de sus decisiones».
Las tarifas, subrayó Bordet, «son responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional, no de los gobiernos provinciales ni del Congreso» y habló del «esfuerzo compartido», entre Nación y provincias.
En tal sentido, dijo que intentará «reducir los efectos del incremento de tarifas en los sectores más postergados y en aquellas pymes que ya no pueden sostenerse».
Por su parte, el mandatario de Río Negro, Alberto Weretilneck, dijo: «No se pueden estar cambiando las cosas cada tres meses de acuerdo con la situación de humor».
«Todos sabíamos que iba a haber aumento tarifario. No se puede cambiar después de que se acordó en noviembre del año pasado para los próximos cinco años. No se puede discutir las cosas de la macroeconomía cada tres meses porque haya sectores de la oposición que quieran hacerlo», dijo.
No obstante, advirtió que «el Gobierno se equivoca al hacer algo tan brusco, tiene que hacer algo más moderado, que no impacte tanto en el bolsillo de la gente, que sea algo más razonable y que vaya acompañando el transcurso del año».
El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, sostuvo que espera que del Congreso nacional «salgan propuestas superadoras».
«Algunos gobernadores venimos actuando con mucha responsabilidad con respecto a las tarifas de servicios públicos», sostuvo Manzur, y agregó que «la provincia viene ayudando a al gobierno nacional y vamos a esperar a ver qué es lo que resuelven los diputados de donde espero salgan propuestas superadoras».
Por otra parte, el ministro de Justicia, Germán Garavano, cuestionó la «demagogia» de la oposición, que no participó de las audiencias públicas en las que se discutió el aumento tarifario, por lo que «hacerlo ahora es fuera de tiempo y tiene una finalidad política».
Garavano recordó que la Corte Suprema se pronunció sobre el conflicto hace un tiempo y «fijó una serie de requisitos, como las audiencias públicas, y no hubo cuestionamientos».
Dijo además que el presidente Macri, en la reunión de gabinete, indicó que «el tema de las tarifas es cultural, porque consumimos más energía que los vecinos de la región, y me parece que nos da una oportunidad de ser mucho más racionales y cuidadosos en el consumo de energía».
En tanto, el diputado nacional Luis Petri (UCR-Mendoza) explicó que el proyecto sobre tarifas que ayer logró dictamen en comisión tiene un costo de «220.000 millones de pesos», y eso representa «dos años de Asignación Universal por Hijo (AUH)».
«La oposición, intentando hacer demagogia energética, desde una banca se sienta y esboza un cuadro tarifario que ya fue resuelto hace mucho tiempo atrás, sin tener en cuenta el costo fiscal. Se estima que esta ley saldría 220.000 millones de pesos. Esto supone dos años de AUH. Ese déficit fiscal después tiene que ser cubierto», criticó Petri, en diálogo con Télam.
Más tarde, la conducción de la CGT y de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) convocaron para las 11 de mañana a una movilización de protesta en rechazo de los aumentos de tarifas de los servicios públicos, según anunció el titular miembro de la conducción de ambas organizaciones Juan Carlos Schmid.
La marcha, convocada contra la que el dirigente catalogó de «maldita política oficial del tarifazo», se concretará hasta el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), ubicado en Suipacha al 600, según decidieron los dirigentes en la reunión del Consejo Directivo de la CGT.