La misión de la ONU que investigará posibles violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas militares y de seguridad durante las protestas que se desarrollan en Chile llegará a Santiago el próximo lunes y permanecerá durante cuatro semanas.
El anuncio coincide con la actualización del conteo de víctimas mortales elaborado por la Fiscalía General de Chile, que la fijó en 19 tras la muerte de un ciudadano peruano por las heridas sufridas durante un saqueo en el sur de Santiago.
Se trata del tercer peruano muerto en las protestas, según el gobierno de Perú.
Por su parte, el más reciente informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contabilizó anoche 582 heridos, 295 de ellos por armas de fuego, desde el inicio de las protestas, el viernes pasado.
El INDH agregó que los detenidos hasta ahora son 2.840, entre ellos 305 niños, niñas y adolescentes.
Los disturbios en Chile, que ingresan hoy en su séptimo día, se dispararon a raíz del alza del precio del subterráneo y mutaron en un movimiento mayor, heterogéneo y sin un liderazgo identificable, que pone sobre la mesa otras demandas, principalmente un aumento de las pensiones, bajo el sistema privado heredado de la dictadura.
La vocera de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, informó hoy en una conferencia de prensa que tres especialistas «intentará reunirse con cargos del gobierno, representantes de la sociedad civil, víctimas, instituciones nacionales de derechos humanos y otros implicados para recoger información de primera mano».
Shamdasani señaló a periodistas en Ginebra que la alta comisionada de la oficina, Michelle Bachelet, tomó la decisión de enviar esta misión a raíz de que un grupo de parlamentarios chilenos se lo solicitó, aunque recalcó que el gobierno de Chile también emitió una invitación formal, informó la agencia de noticias EFE.
Pese a que aún no se informó sobre quienes integrarán la comitiva, la funcionaria anticipó que la misión visitará varias ciudades chilenas en las que se han registrado incidentes violentos y trabajará junto a la sede regional de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, situada en Santiago.
Los expertos analizarán los informes que la ONU acumuló sobre presuntas violaciones de las normativas internacionales sobre el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, pero también denuncias de crímenes cometidos por otros actores en las protestas.
Bachelet anunció ayer el envío de esta misión en su cuenta oficial de Twitter y subrayó que la decisión se tomó «tras monitorear la crisis desde el comienzo».