Medios independientes y alternativos ecuatorianos denunciaron que el gobierno de Lenín Moreno busca «deslegitimar de manera sistemática» el trabajo de estas plataformas y «desconocer la información» que difundieron durante la ola de protestas contra el «paquetazo» de medidas económicas acordadas con el FMI. Así lo señala un comunicado distribuido a la prensa y en redes sociales por el colectivo «Convergencia de Comunicadores y Medios Independientes, Alternativos, Populares, Indígenas, Comunitarios y Digitales».
El documento que apela al «derecho que tienen todas las personas a una comunicación intercultural, incluyente, diversa y participativa», advierte sobre «una política de censura tecnológica y digital» implementada por las autoridades ecuatorianas. El grupo denuncia asimismo que su trabajo permitió «romper el cerco mediático» construido durante los 12 días de masivas protestas y violencia callejera iniciadas el 1 de octubre en el país, que terminaron con la derogación del decreto 883 que eliminaba el subsidio a los combustibles y elevaba significativamente su valor para los usuarios.
La declaración subraya que los medios que representa se responsabilizan «de la información transmitida por nuestras plataformas comunicacionales fue frontal, verificada y verificable y desde el lugar de los hechos», y denuncia que el gobierno nacional pretendió ocultarlos «maquillando las cifras (de víctimas y represión) y victimizándose.
«Los archivos que reposan en nuestras plataformas constituyen una prueba irrefutable de esta vulneración de derechos», insiste el documento que alerta sobre cualquier tipo de intento de intimidación, bloqueo, intervención o allanamiento sus instalaciones y hogares. «Nos sumamos en el pedido de los sectores populares de renuncia de la ministra de Gobierno, María Paula Romo y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, por ser quienes ordenaron la violenta represión contra la población civil de la que fuimos testigos y víctimas», agrega.
El colectivo hizo circular profusa información en redes sociales, que incluyó videos tanto de la represión durante las manifestaciones como de periodistas de los principales medios que cortaban abruptamente entrevistas si las opiniones eran críticas con el gobierno. «Estamos unidos, articulados, conscientes de nuestro rol, el de los medios privados y de los medios públicos. Pero también exigimos que cumplan a cabalidad con la función para la que están destinados, con una mirada social y no mercantil de la información», concluye la declaración.