La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) propuso en una resolución aprobada hoy que cinco de sus eurodiputados, entre ellos dos españoles, abandonen sus mandatos, tras ser señalados en un informe sobre corrupción y violación de las normas de la institución publicado el pasado domingo.
En una resolución relativa a alegaciones de corrupción y votada en el pleno por el procedimiento de urgencia en la sede de la Unión Europea (UE) de Estrasburgo, en el este de Francia,, la APCE indicó que «el principio de responsabilidad política individual» incluye «la posibilidad, para los cargos electos, de devolver sus actas».
La resolución, aprobada hoy por 123 votos y nueve en contra, pide a los parlamentos y gobiernos nacionales que «tomen las medidas oportunas sobre los casos mencionados».
Dos de los cinco miembros señalados son los españoles Pedro Agramunt (senador del oficialista Partido Popular) y Jordi Xuclà (diputado catalán del PDeCat), acusados de infringir el código de conducta para observadores internacionales en las elecciones parlamentarias de 2015 en Azerbaiyán.
En el caso de Agramunt, el texto apunta además «fuertes sospechas» de que participó en «actividades de naturaleza corrupta», informó la agencia de noticias DPA..
La propuesta se refiere también a otros tres diputados señalados en el informe: el rumano Cezar Preda, presidente del grupo del Partido Popular Europeo, el austriaco Stefan Schenach, del Partido Socialista Europeo, y el conservador azerbayano Samar Seyidov.
Además, la resolución pide a los países miembros del Consejo de Europa que tomen acciones en respuesta al informe publicado el domingo.
Los parlamentos nacionales deben adoptar «las medidas necesarias» contra los diputados señalados y rendir cuentas al respecto en Estrasburgo antes de finales de año.
También los partidos a los que pertenecen los parlamentarios señaladas están llamados a actuar.
En su informe sobre corrupción, encargado a tres ex jueces a raíz de que en los últimos años salieran a la luz acusaciones de corrupción contra miembros de su Asamblea Parlamentaria, los investigadores acusan a varios antiguos y actuales eurodiputados de estar implicados en actividades ilícitas y acusan a la Cámara de falta de transparencia.
La resolución apela también al Parlamento alemán, en cuyas filas se sienta la diputada Karin Strenz, de la Unión Democristiana (CDU), de Angela Merkel, que fue diputada del Consejo de Europa hasta finales de 2017.
Strenz, quien niega los hechos, está acusada de haber aceptado dinero de Azerbaiyán de forma indirecta y no haber informado con transparencia sobre sus conflictos de intereses antes de aceptar la misión de observadora en el país del Cáucaso Sur.
Hasta ahora, su partido hizo caso omiso a los llamamientos en el Parlamento alemán para obligar a Strenz a abandonar su escaño. El Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, tiene la función de observar la situación de los derechos humanos en sus 47 países miembro.