La empresa Smartmatic, encargada del escrutinio provisorio, y las autoridades que, tras una licitación pública internacional, resolvieron su contratación para el actual proceso electoral, serán investigados penalmente, según lo determinó la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini.
De esta forma, a la causa que se encuentra en trámite producto de una acción de amparo interpuesta por el Frente de Todos, que objetó las cualidades técnicas de la compañía y pidió su apartamiento, algo que ni de cara a las PASO ni por el momento consiguió, se sumará ahora un nuevo expediente, que pondrá la lupa en el accionar de esta compañía de origen venezolana y sede en Londres por presunto fraude contra el Estado.
En la resolución, que trascendió en las últimas horas, la magistrada actuó en línea con lo dictaminado por el fiscal Jorge Di Lello, quien entendió que debía avanzarse en una investigación penal -no correspondiente al fuero federal- debido a que la intención del denunciante era que se verificara «si el proceso de licitación y las erogaciones monetarias en las que incurrió el Estado argentino» en relación al escrutinio provisorio se encontraban o no «dentro del marco de la ley».
De esta forma, el destino de la denuncia realizada el 6 de agosto pasado, pocos días antes de las PASO, por el entonces precandidato a jefe de Gobierno porteño por Dignidad Popular, Leonardo Martínez Herrero, quien quedó finalmente fuera de carrera, quedará definido en las próximas horas, cuando sortee el expediente en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Allí, se determinará cuál será el juzgado encargado de analizar la presunta responsabilidad penal de la empresa Smartmatic y de los funcionarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Ministerio del Interior y Obras Públicas de la Nación que intervinieron en su contratación, como así también del Correo Argentino.
«Del texto de la denuncia origen de autos se desprende que el Dr. Leonardo Martínez Herrero puso en conocimiento del Tribunal un hecho que podría resultar delictivo, consistente en un posible fraude económico en perjuicio de las arcas del Estado Nacional», explicó la jueza Servini en la resolución, en la que declaró la incompetencia del fuero electoral para investigar.
En este sentido, resolvió «elevar estas actuaciones a conocimiento de la Secretaria General de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, a fin de que, mediante el sorteo de estilo, determine el Juzgado del Fuero Federal que deberá proseguir en el conocimiento del hecho puesto en conocimiento en autos».
En paralelo entonces a la causa que tramita en el fuero electoral a instancias del planteo del Frente de Todos, y que derivó en la designación de veedores judiciales para supervisar el proceso de escrutinio provisorio, comenzará a correr una causa penal que pondrá la lupa en la contratación de Smartmatic a la luz de su desempeño.
En su denuncia, Martínez Herrero había señalado que, en el marco de la licitación de la prestación del servicio para llevar adelante el escrutinio provisorio, «la condición mínima exigida para ser adjudicataria del servicio, era contar con un software cuyas prestaciones fueran suficientes como para poder efectuar el recuento provisorio de la totalidad de mesas electorales del país, habiéndose publicado en diversos medios que, a pocos días de la celebración de las elecciones primarias del 11 de agosto de este año, el software de la empresa no estaba listo».
«En efecto, las pruebas realizadas habían fallado y contaba el programa con algunas falencias para el recuento provisional de los votos, situación ésta que generó dudas y temores en la gran mayoría de las agrupaciones participantes del comicio; deberían investigar entonces, si el Estado Nacional abonó efectivamente la suma de 4.500 millones de pesos por un sistema plagado de deficiencias», había indicado el ex precandidato a jefe de Gobierno porteño en su denuncia.