El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó este miércoles que el gobierno «respeta la República y la división de poderes» y siempre «acató los fallos», pero advirtió que la cautelar de la Corte Suprema que ordena compensar a las provincias por reducción de impuestos coparticipables «es difícil de cumplir» mientras «no haya una claridad» sobre el cálculo del dinero a remitir.
Así se refirió Frigerio a la resolución de la Corte Suprema sobre la rebaja del IVA y Ganancias, que obliga a la administración central a compensar a las provincias para evitar pérdidas en la coparticipación federal.
«El IVA y Ganancias son impuestos que se coparticipan y cuando se reducen benefician a los argentinos», sostuvo, pero advirtió que «hasta que no haya una claridad respecto a de qué parámetro estamos hablando también es difícil cumplir con esta medida cautelar».
El fallo de la Corte «es una medida cautelar, no va al fondo de la cuestión, es un poco imprecisa, con lo cual no sabemos sobre qué montos estamos hablando. Es muy difícil hacer el cálculo respecto a cuánto las provincias dejan de percibir», dijo.
En la misma línea que su colega de Justicia, Germán Garavano, consideró por Radio Mitre que el fallo «va en contra de una tradición de la Corte de no tomar medidas en el contexto de una elección y de una campaña electoral».
«Cuando tomamos esta medida siempre planteamos que por supuesto era en beneficio de la gente, de la gente que vive en las provincias. Si a alguna provincia le afectaba de manera que no pudiera hacerle frente a sus obligaciones indelegables, nosotros íbamos a estar, como estuvimos siempre, desde el principio, tratando de ayudarla a que cumplan con sus compromisos», agregó.
Según su análisis, el «impacto» de las medidas tomadas por el presidente Mauricio Macri «no supera el 1 por ciento de los ingresos anuales de las provincias».
Añadió que «es difícil entender por qué estas medidas generarían tanto impacto negativo para ellos», aunque reiteró que «dada la situación económica actual había que tomar medidas de urgencia que impactaran lo más rápido posible en el poder adquisitivo de la gente».
Defendió la decisión de establecer las modificaciones por decreto por ser «una medida de emergencia», pero «la medida al largo plazo hay que hacerla por supuesto en una discusión en el Congreso con los representantes de las provincias».