La tensión política en Estados Unidos por la investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump dio hoy otra vuelta de tuerca, luego de que el Congreso advirtiera que la resistencia del gobierno a permitirle interrogar a testigos podría equivaler también a un delito susceptible de otros procesos de destitución.
Poco después, Trump retrucó a la oposición y escribió en su cuenta de Twitter que “todo este sinsentido de juicio político que no va a ningún lado, hará que caigan las cotizaciones de las acciones y sus 401K”, en referencia al sistema de jubilaciones complementarias.
“Pero eso es exactamente lo que los demócratas quieren hacer; ellos están dispuestos a dañar al país, con solo las elecciones en la cabeza”, continuó.
“Los demócratas que no hacen nada deberían estar enfocados en fortalecer nuestro país y no perder el tiempo y la energía de todos en esta mierda, que es lo que han estado haciendo desde que fue electo con una mayoría abrumadora en 2016; tengan un mejor candidato esta vez, lo necesitarán”, concluyó Trump.
Poco antes, de visita en Italia, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, había reconocido que presenció la llamada telefónica de julio en la que Trump pidió al presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski, investigar a Joe Biden, su potencial rival electoral demócrata en 2020, y que está en el centro de la investigación lanzada por la oposición demócrata.
Pompeo inicialmente había dicho que recién supo de la llamada cuando la Casa Blanca publicó la transcripción.
En tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le dio una mano a su par estadounidense.
«Yo no veo nada comprometedor; el presidente Trump se dirigió a su homólogo con la petición de que se investiguen presuntas transacciones corruptas del liderazgo anterior; es definitivamente la obligación de cualquier líder» hacer esto, declaró Putin durante la sesión plenaria de la Semana Energética de Rusia, según consignó la agencia de noticias EFE.
Sin embargo, los demócratas, que controlan la Cámara de Representantes, lograron agendar encuentros a puertas cerradas con dos personas que ya no están bajo las órdenes de Pompeo, el ex enviado especial para Ucrania Kurt Volker y la ex embajadora en Kiev Marie Yovanovitch, para mañana y la semana próxima, respectivamente.
En una señal de la virulencia que está tomando el enfrentamiento, Trump tuiteó anoche que la investigación de juicio político en su contra por presunto abuso de poder es un «golpe» que pisotea la voluntad popular.
La escalada de acusaciones y advertencias agrava aún más la confrontación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo desatada la semana pasada por la decisión de los demócratas de iniciar una investigación de juicio político contra el republicano Trump.
El escándalo se desató a partir de una denuncia elevada a superiores por un integrante de los servicios secretos que se enteró del contenido de la llamada de julio entre Trump y el presidente de Ucrania.
En la denuncia, hecha pública la semana pasada por el Congreso, el informante, cuya identidad se desconoce, acusó a Trump de haber abusado de su poder al solicitar a su par Vladimir Zelenski que investigara a Biden y a su hijo, Hunter, que fue directivo de una empresa de gas de Ucrania cuando su padre fue vicepresidente de Barack Obama.
Hoy Pompeo advirtió que cumplirá con su «deber constitucional de cooperar» con el Congreso, pero no tolerará «hostigamiento e intimidación», informó CNN.
Los congresistas investigadores respondieron que sería ilegal que el secretario de Estado intentara proteger a Trump impidiendo que los funcionarios hablen en el Congreso.
En un comunicado bipartidista firmado por cinco presidentes de comisiones, los legisladores dijeron que «el secretario Pompeo es ahora un testigo presencial en la investigación de juicio político» y «debería cesar de intimidar a testigos del Departamento (de Estado) a fin de protegerse a sí mismo y proteger al presidente».
Los demócratas recordaron que la «obstrucción de la investigación» fue uno de los artículos en los que se sustentó la investigación de juicio político contra el republicano Richard Nixon, quien renunció a la Presidencia en 1974 ante la firme posibilidad de ser sometido al procedimiento constitucional de destitución propiamente dicho.