El gobierno nacional dispuso la restitución de aproximadamente tres mil quinientas pensiones por invalidez que habían sido recortadas desde 2016, según se conoció este viernes. Los afectados deberán recurrir a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) para conocer si están en la nómina a la que se les devolverá el beneficio.
El primer punto de la disposición del Ejecutivo Nacional indica que se «restituyan las Pensiones por Invalidez instituidas en el artículo 9° de la Ley N° 13.478 y sus modificatorias otorgada a las personas nominadas en el Anexo IF-2019-72708948-APNDAAEYL#AND, que forma parte integrante de la presente».
De esta manera, un porcentaje un tanto menor, cercano al 18%, considerando que las pensiones recortadas fueron cerca de 20 mil, volverá a recibir el pago por invalidez. El gobierno optó por no difundir la identidad de las personas beneficiadas, por lo que cada paciente deberá averiguar si fue incluido o no.
Más allá de esta medida, en los últimos días se conoció un nuevo golpe a la discapacidad que generó gran malestar y sigue sembrando preocupación.
Se trata de la resolución Nº 1231/19 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que se publicó el primer lunes de septiembre, por la que se restringen y complejizan los tratamientos destinados a las personas con discapacidad, se reducen las horas de terapia y también los prestadores autorizados a realizarlas.
El gobierno argumentó que la medida “apunta a revalorizar el derecho del niño con discapacidad al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad”.
A través de esta resolución, la Superintendencia de Servicios de Salud estableció que se pagarán, como máximo, tres días de terapia por semana en instituciones reguladas o hasta seis horas semanales de tratamiento de, como máximo, tres profesionales distintos para la atención independiente. Esta regulación entrará en vigencia a partir de enero de 2020 para quienes ya estén en tratamiento, en tanto que ya es de efectiva aplicación para las nuevas terapias.
Para miles de discapacitados, sus familias y los equipos terapéuticos la medida luce arbitraria y desconectada de la realidad que deben afrontar, ya que existen muy pocos centros autorizados, escasos profesionales entrenados y menos especialidades de las que necesita cada paciente.
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Además, varias organizaciones aseguraron que choca con la Ley 24.901, que establece el “Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad”, ya que un acto administrativo de la SSS no puede modificar los alcances de una ley sancionada en el Congreso de la Nación.
Ante el creciente malestar entre las asociaciones de pacientes, la SSS emitió un comunicado en el que aclaró que la resolución 1231/19 no restringe horarios ni vulnera “la indicación de tratamientos del médico responsable, razón por la cual se contempla en forma expresa que los tratamientos que se exceptúen deben ser debidamente fundados en un criterio prestacional acorde para cada beneficiario”.
En relación al máximo de horas semanales que detalla la norma, señaló que “no implica que el profesional, en caso de considerarlo, pueda proponer la reducción o ampliación de la carga horaria de cada sesión en virtud de los tiempos propios del beneficiario”.
También enfatizó que “las prestaciones brindadas en consultorios particulares, seguirán siendo financiadas por esta Superintendencia de Servicios de Salud bajo la práctica ‘Prestación de Apoyo’”, y que la resolución “no restringe en ningún momento el accionar de los profesionales independientes”.