El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, volvió a cuestionar este miércoles el uso de las prisiones preventivas por parte de los tribunales federales, aunque aclaró que «deben ser analizadas caso por caso» para ver cuáles estuvieron correctamente dictadas.
En declaraciones a la radio Futürock, el funcionario consideró que ésta «siempre tiene que ser la última opción» de los jueces» y resaltó que el actual gobierno propuso «regular» este mecanismo. De esta manera, Garavano coincidió con las críticas que había hecho en el mismo sentido el candidato presidencial del Frente de Todos: «Esto lo dijo el propio Alberto Fernandez, que hay que analizar caso a caso, ya que no podemos caer en generalizaciones en las prisiones preventivas«, precisó.
En este sentido, el funcionario destacó que los fallos «tienen una revisión de la Cámara de Apelaciones, otra de la Cámara de Casación Penal y, eventualmente, otra de la Corte Suprema de Justicia». Garavano se expresó de esta manera al referirse puntualmente a la situación de Cristóbal López y Fabián De Sousa, empresarios del grupo Indalo que se encuentran detenidos por presunto fraude al Estado por la no liquidación de un impuesto a las naftas durante varios años.
Además, el titular de la cartera de Justicia lamentó que todavía siga «habiendo resistencia de algunos jueces en otorgar» la prisión domiciliaria a personas de más de 70 años o mujeres embarazadas, mecanismos que consideró «alternativos» y «más efectivos a la hora de la reinserción social».
Por último, Garavano aseguró que no le asigna «importancia a las denuncias penales contra (el presidente Mauricio) Macri», ya que son denuncias que, a su entender, «no tienen demasiado sustento» y «no son hechos de corrupción en términos como los conocemos todos».
«Muchas cuestiones son previas a la gestión presidencial, como el Correo, o los Panamá Papers«, recodó el funcionario, al tiempo que explicó que en estos casos no «existe un perjuicio económico a la administración pública».
«En todo caso puede haber un incumplimiento de los deberes de funcionario público, o un abuso de autoridad, pero no corrupción en términos de me quedé con la plata del Estado «, cerró.