El primer ministro británico, Boris Johnson, rechazó el jueves las críticas provocadas por la publicación de un informe sobre las caóticas consecuencias de un Brexit brutal y las acusaciones de que ocultó a la reina sus motivos para suspender el parlamento.
Obligado por el parlamento, en uno de sus últimos reveses antes de entrar en receso durante cinco semanas, el gobierno de Johnson hizo público el miércoles por la noche un documento elaborado en secreto para prepararse a los efectos de un Brexit sin acuerdo.
Titulado Operación «Yellowhammer» o «Carpintero Dorado» -el nombre de un pequeño pájaro- y fechado del 2 de agosto, el documento prevé graves atascos en los puertos británicos que conllevarían penuria de alimentos frescos y medicamentos.
Pero no únicamente, el informe advierte en total de perturbaciones en 12 sectores claves, desde el abastecimiento de agua a los transportes y las fronteras, y de la posibilidad de disturbios: «Protestas y contraprotestas ocurrirían en todo el Reino Unido y obligarían al uso de una cantidad importante de recursos policiales. Hay riesgo de disturbios públicos y tensiones comunitarias».
En caso de un Brexit brutal, hasta 85% de los camiones británicos podrían ver complicado el paso de los controles aduaneros franceses, lo que provocaría una caída de «40% a 60% del nivel actual» de circulación de mercancías en un país que importa muchos de los alimentos que consume.
Estas perturbaciones podrían durar tres meses y impactar en el abastecimiento de medicamentos o productos para el tratamiento del agua.
El grueso del documento ya se conocía porque fue filtrado al diario Sunday Times en agosto, pero eso no evitó durísimas críticas al gobierno, que afirma haber realizado preparativos desde entonces para mitigar estos efectos.
«Este documento es solo la punta del iceberg», afirmó Tom Brake, encargado del Brexit en el opositor Partido Liberal- Demócrata. «Si el señor Johnson no hubiese cerrado el parlamento, los diputados lo habrían freído», agregó.
¿Mintió a la reina?
El controvertido primer ministro sorprendió al país a finales de agosto al anunciar que había pedido a la reina Isabel II la suspensión de las labores parlamentarias de mediados de septiembre al 14 de octubre, dos semanas antes del Brexit. Esta se hizo efectiva el pasado martes de madrugada.
Johnson justificó su decisión por la necesidad de elaborar y presentar su programa de política nacional, una práctica habitual cuando hay cambio de gobierno.
Sin embargo, sus opositores denuncian que su verdadero objetivo era impedir que evitasen un Brexit sin acuerdo y que se sirvió de la monarca -obligada por la constitución actuar según el consejo de su primer ministro- de forma engañosa.
¿Mintió a la reina?, le preguntaron los periodistas el jueves cuando visitaba un antiguo buque de guerra amarrado en el Támesis.
«¡Absolutamente no!», fue la tajante respuesta de Johnson.
La víspera, tres jueces de una corte de apelación escocesa estimaron por unanimidad que el consejo dado a la reina condujo a una suspensión «ilegal». Sin embargo, una corte inglesa dictó lo contrario la semana pasada. Y ambas decisiones serán examinadas el próximo martes por la Corte Suprema.
Un tribunal de Irlanda del Norte se pronunció también a favor del gobierno el jueves en una tercera demanda presentada al respecto en Belfast.
«La Alta Corte de Inglaterra está de acuerdo con nosotros, pero la Corte Suprema tendrá que decidir», subrayó Johnson.
Y sobre la Operación Yellowhammer aseguró que «se trata de un escenario del peor caso posible para el que los funcionarios obviamente se tienen que preparar» pero «estamos intentando alcanzar un acuerdo con nuestros amigos europeos y tengo esperanza de que lo hagamos en torno al 17 o 18 de octubre», fecha del próximo Consejo Europeo.
Su gobierno anunció asimismo que, a finales de agosto, 1,3 millones de ciudadanos europeos -de los más de 3 millones que viven en el país- habían pedido el «estatuto de residente permanente» para seguir viviendo en las mismas condiciones en el país tras el Brexit.
Los británicos aprobaron el Brexit por 52% en un referéndum en 2016. El país debía salir de la UE el pasado 29 de marzo, pero ante el rechazo del parlamento al acuerdo de divorcio negociado con Bruselas la fecha fue aplazada dos veces.