La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunirán mañana para abrir un canal de diálogo luego del reclamo de la central obrera para que se decrete la «emergencia alimentaria» en el país.
El miércoles último, mediante una carta pública, los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, habían reclamado al presidente Mauricio Macri la «urgente» declaración de emergencia ante «la grave situación social por la que atraviesan los ciudadanos, sumergidos en la pobreza e indigencia».
El encuentro entre la cúpula de la central obrera y Stanley fue confirmado a Télam por voceros del ministerio de Desarrollo Social, aunque sin indicar el lugar y la hora de la reunión.
«Es obligación primaria, indelegable y constitutiva del Estado garantizar la alimentación y nutrición adecuadas de la población. La crisis económica que estalló en las últimas semanas no hizo más que agudizar la grave situación social», aseguraron Daer y Acuña en la carta que lleva sus firmas.
Pidieron «coordinar todos los esfuerzos e invertir todos los recursos del Estado a disposición de los más necesitados».
Luego de las primarias PASO del 11 de agosto pasado, el Gobierno puso en marcha una serie de medidas tendientes a morigerar el impacto de la crisis desatada por la fuerte devaluación del peso frente al dólar, como la suspensión del IVA a alimentos de la canasta básica, un plus salarial para empleados públicos y la devolución Ganancias para sectores de la clase media.
Pero tales medidas fueron consideradas insuficientes tanto por los sectores sindicales como por organizaciones sociales y de piqueteros que la semana pasada lanzaron un «plan de lucha» con movilizaciones y acampe en la avenida 9 de Julio.
Se espera que en la reunión, a la que es posible que asista el ministro de producción y Trabajo, Dante Sica, se llegue a un acuerdo para reducir el conflicto con el anuncio de medidas para trabajadores registrados como una ampliación o reasignación de partidas para aumentar la asistencia a comedores barriales.
Mientras tanto, en el Congreso se debatirá esta semana la posibilidad de unificar en un único proyecto la «emergencia alimentaria» que puede contemplar una expansión del gasto público cercana a los 8.000 millones de pesos para políticas alimentarias, según fuentes parlamentarias.