La transición entre las administraciones de Miguel Lifschitz y Omar Perotti entró en un punto muerto. El equipo del gobernador electo del Partido Justicialista (PJ) compartió una carta que tenía como destinatario al ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, hombre designado por el actual mandatario provincial para llevar adelante las charlas. En ella, reiteran el pedido de acceder a determinada información que, «a pesar del tiempo transcurrido», no se les ha sido facilitada.
El diálogo formal para organizar la retirada del gobierno socialista y el arribo de un nuevo mandatario peronista a la Casa Gris comenzó el pasado 3 de julio «con buena predisposición», según habían señalado las partes. Sin embargo, dos meses después, la relación se fue dañando y el clima ya no es tan bueno.
La mesa de la fuerza que llegará al poder está encabezada por el diputado provincial Roberto Mirabella, hombre de confianza de Perotti y quien lo reemplazará en el Senado de la Nación cuando el gobernador electo el 16 de junio pasado abandone la banca que ganó en 2015. Lo acompañan Rubén Michlig, un ex funcionario durante la última gobernación de Jorge Obeid, los senadores provinciales Armando Traferri y Alcides Calvo, el diputado provincial Leandro Busatto, hombre del kirchnerismo y aliado del perottismo en el Frente Juntos, y la actual diputada nacional Silvina Frana, en representación del sector de María Eugenia Bielsa.
En la vereda de enfrente, se encuentra el mencionado Farías y el ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione.
En la segunda reunión que mantuvieron a principios de agosto, la preocupación de los integrantes de la comisión de transición del PJ giró en torno al «deterioro» de la situación financiera de la provincia. Advirtieron sobre un déficit al cierre del primer semestre por encima de los 10 mil millones de pesos, y un rojo también en organismos y empresas del Estado como la EPE, la Caja de Jubilaciones, la Lotería y el Iapos.
En este marco, y tras el pedido explícito de Omar Perotti y su equipo, la Auditoría General de la Nación (AGN) analizará el estado de las cuentas provinciales, una vez que el gobernador Miguel Lifschitz deje el cargo el 10 de diciembre. La medida es similar a la que Hermes Binner llevó adelante sobre la gestión de Omar Obeid cuando llegó a la gobernación en 2007, y en ese entonces la auditoría arrojó un balance positivo.
Más allá de la resolución a su favor, desde la futura gestión vieron la necesidad de comunicarse por escrito con el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, para, a través de cinco puntos, detallar «la información que se encuentra pendiente».
- Detalle de las obras públicas licitadas y en trámite, pendiente de adjudicación o formalización del contrato respectivo, agrupadas según las distintas etapas en la cual se encuentra el correspondiente proceso administrativo.
- Detalle de los pedidos de anticipo de coparticipación -Ley 10047- requeridos y pendiente de transferencia.
- Detalle de los préstamos y anticipos a cuenta de la participación solicitados por los municipios y comunas en el marco de los artículos 1, 11 y 12 de la Ley N° 13.751 en trámite y pendiente de transferencia.
- Detalle de los juicios en trámites en que la provincia es actora o demandada con trascendencia social y/o económica; naturaleza de los reclamos; estado procesal y probabilidades de éxito.
- Detalle de reclamos administrativos contra la provincia con trascendencia social y/o económica, naturaleza y estado.
Además, reiteraron lo que expresado en reuniones anteriores respecto a la necesidad de que «no se avance durante este período con trámites administrativos correspondientes a designaciones en planta permanente, subrogancia, reencasillamiento, traslados, asignación de funciones y creación de estructuras a favor de actuales funcionarios políticos».
Y denunciaron que ya ocurrieron situaciones de este tipo en diversas áreas de la administración provincial, lo que despertó la preocupación de los gremios estatales.
Por último, volvieron a insistir que para dar iniciado el pase a planta permanente del personal contratado bajo distintas modalidades en toda la administración pública provincial se debe sancionar una norma por parte de la legislatura provincial.