La defensa de Mauricio Macri y miembros de la compañía Corro Argentino SA había pedido el cierre de la investigación por falta de avances. La Cámara Federal porteña rechazó el pedido de los ejecutivos de la empresa.
Los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun descartaron que la causa no haya avanzado durante los últimos dos años y también rechazaron otra presentación que pedía anular las citaciones a indagatorias en el caso.
Las indagatorias realizadas por el juez federal Ariel Lijo a Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher, ex abogados de la firma Correo. Así como también a Oscar Aguad, ex ministro de Comunicaciones (hoy al frente del Ministerio de Defensa) y Juan Manuel Mocoroa (director de asuntos jurídicos del ministerio implicado).
Las citaciones se cumplieron, pero las defensas de dos directivos de Correo Argentino había planteado una «excepción de falta de acción por inexistencia de delito», la nulidad de las indagatorias y el sobreseimiento de sus defendidos.
Aseguraron que la cifra de $70.163.910.895 (utilizada por la fiscal Gabriela Boquín para graficar la quita que representaba la propuesta aceptada por el Estado Nacional) era «absurda», resultado de un procedimiento «inédito«, marcado por «errores conceptuales y jurídicos«.
Según sostuvieron, «el valor de la deuda por cánones de Correo Argentino S.A. oscila entre $528.800.216,35 y $651.321.558,21″, según la tasa de interés que aplique, y por ello «los porcentajes de la quita rondarían el 44% y el 54,5%, pero jamás el 98,87%».
El juez Lijo rechazó el planteo y las apelaciones llevaron el caso a la Cámara Federal.
Por eso este miércoles, los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia entendieron que había que respaldar la decisión del magistrado y dieron un paso más: solicitaron que se determine si efectivamente el monto establecido por la fiscal Boquin es correcto, indicaron a Infobae fuentes judiciales.
Ahora el juez deberá investigar si, al igual que lo denunciado por la fiscal opositora, hubo una «quita abusiva» de la deuda entre el Correo Argentino SA y el Estado.
Pero la intervención de la fiscal Boquin dio origen a la investigación penal que sustancia el juez Lijo y en donde el ex fiscal Juan Pedro Zoni imputó al presidente Macri.
Por otro lado, los camaristas en su resolución dieron vía libre para que el magistrado pueda decidir si procesa o no al ministro de Defensa, Oscar Aguad, citado por sus decisiones durante su gestión como ministro de Comunicaciones; al subsecretario Juan Manuel Mocoroa; al presidente de Correo Argentino SA, Jaime Cibils Robirosa; y al abogado de la compañía, Jaime Kleidermacher.
Aguad fue indagado a fines de marzo por el caso en el que se investiga si el gobierno de Mauricio Macri realizó un acuerdo en detrimento del Estado con Correo, una empresa de la familia presidencial. Es el primer y único ministro en funciones de Macri en ser indagado en una causa por presunta corrupción.
En ese llamado, Aguad presentó un escrito contestando cada uno de los hechos por los que está imputado y negó haber ordenado un acuerdo perjudicial para el Estado.
El junio de 2016, los funcionarios de Macri habían acordado una quita del 98,87 % a la deuda de Correo Argentina SA con el Estado, en un pacto que el fiscal Gerardo Pollicita calificó como “abusivo” y “perjudicial para la administración pública”, utilizando la mismas palabras a las que había recurrido la fiscal general Gabriela Boquin cuando frenó el acuerdo en la Justicia comercial en febrero de 2017.