El gobierno confirmó el «congelamiento» del precio de los combustibles por 90 días mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado este viernes en el Boletín Oficial. El Ejecutivo aseguró que la medida es tomada por la «abrupta variación reciente del tipo de cambio y el contexto económico y social imperante».
De este modo, el presidente Mauricio Macri evitó aplicar la Ley de Abastecimiento N° 20.680, al optar por un DNU en lugar de una resolución de la Secretaría de Energía.
El propio ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, había confirmado este jueves las versiones sobre la aplicación de la polémica normativa sancionada en 1974, esgrimiendo que se trataba de una situación «excepcional».
Según el texto oficial, del DNU, «establecer que las entregas de petróleo crudo efectuadas en el mercado local durante los 90 días corridos siguientes a la entrada en vigencia de esta medida, deberán ser facturadas y pagadas al precio convenido entre las empresas productoras y refinadoras al 9 de agosto de 2019, aplicando un tipo de cambio de referencia de $ 45,19/USD y un precio de referencia BRENT de USD 59 por barril».
En consecuencia, la Casa Rosada dispuso que el precio tope de naftas y gasoil en todas sus calidades, comercializados por las empresas refinadoras y/o los expendedores mayoristas y/o minoristas, en todos los canales de venta, durante los 90 días corridos siguientes a la entrada en vigencia de esta medida, no podrá ser superior al precio vigente al 9 de agosto de 2019.
«Durante el período alcanzado por esta medida, las empresas refinadoras y/o los expendedores mayoristas y/o minoristas deberán cubrir, a los precios establecidos en este decreto, el total de la demanda nacional de combustibles líquidos, de conformidad con los volúmenes que les sean requeridos a partir de las prácticas usuales de mercado, proveyendo de manera habitual y continua a todas y cada una de las zonas que integran el territorio de la República Argentina», de acuerdo con el decreto.
También, las empresas productoras de hidrocarburos «deberán cubrir el total de la demanda de petróleo crudo que les sea requerido por las empresas refinadoras locales», mientras que la comercialización de los combustibles «deberá realizarse en un todo de acuerdo con las calidades, tipos y demás requisitos establecidos por la normativa vigente», afirmó el Poder Ejecutivo.
El gobierno justificó esta decisión al señalar que «ante la la magnitud de los recientes acontecimientos económico financieros desencadenados, de público conocimiento, es obligación utilizar los instrumentos a su alcance y adoptar las medidas específicas necesarias para proteger a los consumidores».
«La situación económica vigente permite avizorar aumentos sustanciales en el precio del petróleo crudo y de los combustibles líquidos en el mercado local, causando efectos perjudiciales para los diferentes sectores de la economía», añadió.
Y señaló, además, que «dada la abrupta variación reciente del tipo de cambio y el contexto económico y social imperante, se considera necesario asegurar el abastecimiento de combustibles en el mercado interno a un precio estable por un período de 90 días».