El ministro de Seguridad de La Pampa, Juan Carlos Tierno, envió notas a funcionarios nacionales, municipales y de su propio gobierno para impedir el tratamiento y difusión del cultivo de cannabis medicinal, por lo que exigió clausurar los sitios donde se aborde el tema, a horas de la primera audiencia pública sobre esta cuestión en la provincia.
La Municipalidad de Santa Rosa «no tiene poder de policía para clausurar» espacios donde se hable del cultivo de cannabis, como exigió el ministro, respondió hoy en forma pública el secretario de Gobierno de la capital pampeana, Fernando Pina.
Explicó que la comuna sólo puede controlar que el espacio tenga «habilitación y cumpla las ordenanzas específicas», pero no intervenir «en el área que plantea el ministro».
La semana pasada Tierno envió varias notas, una de ellas al director de Radio Nacional en Santa Rosa, Germán Dittler, cuestionándolo porque la emisora difundió encuentros de autocultivo.
Otra de las advertencias fue dirigida a la secretaria de Cultura de la provincia, Adriana Maggio, porque un bar concesionado al sector privado, pero que está en un edificio del gobierno, organizó un encuentro sobre el tema.
Las notas del ministro de Seguridad fueron enviadas a horas de realizarse la primera audiencia pública en La Pampa por los derechos a utilizar cannabis medicinal y a practicar el autocultivo con fines terapéuticos.
El encuentro será a las 11 en los tribunales pampeanos, convocado por un juzgado en lo Civil y Comercial a partir de un reclamo al Estado provincial.
La Defensa Pública, en representación de una usuaria y en salvaguarda del derecho humano a la salud, instó diferentes acciones ante tribunales ordinarios y sustanciará los hechos controvertidos entre las partes en la audiencia, prevista en el artículo 462 del Código Procesal Civil.
El Ministerio Público de la Defensa señaló que patrocina «el reclamo de uso legítimo de terapias cannábicas con fines medicinales, en la inteligencia de que se trata de un derecho inalienable e incuestionable del acceso a la salud, y el consecuente deber público de garantizar el pleno ejercicio, de todas las formas que lo impliquen».