A diario se conocen casos de hombres que abusan de sus propias hijas, o asesinan a las madres de sus hijos. Y la lucha de esos mismos hijos, en muchos casos, es para borrar el dolor y también las huellas que esos momentos les marcaron. Es por ello que muchos buscan cambiar su apellido, para no compartirlo con el delincuente. Sin embargo, no es sencillo ya que la Justicia presenta obstáculos para que cambien su identidad.
Josefina logró cambiarse el apellido de su padre abusador al igual que un joven de Río Negro, cuyo progenitor mató a su madre, mientras una niña de 11 años y María Fernanda esperan una resolución favorable que sortee los escollos judiciales que frenan esa decisión clave para las personas que sufren al ser nombradas.
«A mi sobrina le duele la panza cuando le toman lista en la escuela», contó a la agencia Télam Mercedes Zambrano, hermana de Marisel, asesinada por José Zerda en 2008, en Palpalá, Jujuy. El hombre la mató delante de su hija, que en ese momento era una beba de 9 meses y fue condenado solo a 5 años de prisión por homicidio preterintencional.
La niña cumplirá 12 años en septiembre «y nos pidió que la ayudemos a cambiar su apellido. Ser nombrada con el apellido del padre le genera un dolor que lo manifiesta con el cuerpo», compartió la tía.
«Estamos en el proceso de demostrar ante la justicia que ser nombrada con el apellido del femicida acrecienta el sufrimiento de la niña, No es fácil, pero estamos encaminados», explicó a esta agencia, Luis Ugarte abogado de la familia Zambrano.
Para Andrea Tormena, titular del Juzgado de Familia 16 de General Roca, Rio Negro, la modificación de la identidad «no es complicada si hay justo motivo. Lo dice el Código Civil y las convenciones internacionales de Derechos Humanos», señaló.
La jueza falló este año a favor de MM (se resguarda su identidad y datos de filiación por pedido del joven de 19 años), que antes de la decisión judicial llevaba el nombre y apellido de su padre que cumple prisión perpetua por el femicidio de su madre.
Del informe psicológico de MM «surge que desea tener la identidad que le corresponde en función de sus vivencias, que siente un rechazo significativo por el nombre S sintiéndose una mala persona al igual que con su apellido, que no quiere cargar con la connotación simbólica que conlleva tanto el nombre como el apellido», consignó en su decisión Tormena.
Al respecto, Marisa Herrero, abogada especialista en Derecho de Familia e investigadora del Conicet, explicó a Télam que el Código Civil «en el inciso c) del artículo 69 establece que una persona puede cambiar su nombre o apellido si hay afectación de la personalidad y justo motivo».
Cuando se trata de una persona que quiere cambiarse el apellido de un femicida «acreditar la causa es sencillo ya que existe un proceso judicial. El tema de los tiempos, debería ser más rápido, por la prueba y la gravedad del delito», opinó Herrrero.
Coincidió con la abogada María Fernanda, de 27 años, que está iniciando el trámite de cambio de identidad junto a sus dos hermanas. Son hijas de Mónica Sáez, asesinada en 2010 en Allen, Río Negro, por Luis Rubio, quien fue condenado a prisión perpetua.
«Es victimizante que me pidan pericias psicológicas y otros trámites para que mis dos hermanas y yo nos cambiemos el apellido del femicida. Está el expediente de su condena. Que se basen en eso», aseveró.
Ella está embarazada de su primer hijo: «No quiero trasladarle ese apellido a mi hijo. Y si bien el dolor nunca se va a ir, por lo menos este paso puede ser reparador», compartió.
«Sí, es reparador», apoyó Josefina Suils desde Comodoro Rivadavia, Chubut, en una charla con esta agencia.
La mujer de 34 años llegó a Buenos Aires en 2014 «para comenzar el trámite de quitarme el apellido de mi progenitor abusador, porque pensé que desde allí sería más fácil».
No fue fácil al principio, no conseguía abogados, no tenía dinero, hasta que a través del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) se contactó con el defensor público Marcelo Flavio Gaeta, a cargo de la Defensoría Pública 2 de la Ciudad de Buenos Aires.
Dos años después, Gustavo Eduardo Noya a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 83, falló a su favor.
«Quienes sufrimos violencias, abusos por parte de nuestros progenitores hacemos un proceso emocional difícil, de empoderamiento para salir de la situación de víctima y buscar reparación. Queremos ser nombradas sin el apellido de los violentos», concluyó.