Una marcha anti inmigrantes promovida por colectivos ultranacionalistas de Chile y convocada para este domingo en 15 ciudades a través de las redes sociales desató una polémica fuerte en el país y el rechazo transversal de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Algunos de los grupos organizadores, Despierta Chile y El Nacional Libertario, que reivindican la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), aseguran que con la movilización buscan «recuperar Chile para los chilenos», y pidieron ir «armados y preparados para neutralizar posibles ataques de grupos anarquistas y comunistas».
Los organizadores aseguran que la marcha se realizará en Arica, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena, Rancagua, Concepción, Chillán, Talca, Los Ángeles, Temuco, Valdivia y Osorno, además de la capital Santiago.
En las últimas dos décadas Chile experimentó un crecimiento exponencial del proceso migratorio que hasta 2015 estaba formado mayoritariamente por ciudadanos que llegaban desde Perú, Bolivia y Colombia -270.000 en total- y que desde esa fecha se nutrió con la llegada de casi 300.000 venezolanos. Aunque no está autorizada por la Intendencia metropolitana, Despierta Chile asegura que el inicio de la movilización está previsto en la emblemática Plaza Italia, lugar habitual de reunión de festejos políticos y deportivos en la capital chilena.
La convocatoria, que incluyó mensajes de odio hacia las colectividades de extranjeros, desató el rechazo de sectores políticos y profesionales. Diputados de la oposición y el oficialismo que integran la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, pidieron al ministro del Interior Andrés Chadwick que haga un público rechazo y a la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, que no la autorice, informó la edición digital de diario El Mercurio.
«Ninguno de los diputados de esta comisión va a permitir que grupos de este tipo vengan a incitar al odio y también a la violencia y, más grave aún, a cometer delitos al hacer este llamado de manera armada, lo que podría derivar en un enfrentamiento», advirtió la presidenta de la comisión, diputada socialista Emilia Nuyado.
Paralelamente, los consejeros del Colegio de Abogados de Chile, Álvaro Fuentealba y Paulina Vodanovic, enviaron una carta a Rubilar para solicitar expresamente prohibir «la manifestación pública convocada para el día domingo (..) que tiene por objeto protestar en contra de la inmigración, llamando a un cierre de fronteras para detener la misma». En el documento, recalcan que pese a que la Constitución reconoce el derecho de reunión, «el artículo 19 N° 13 establece que dicho derecho debe ejercerse pacíficamente y sin armas».
La carta señala que «la convocatoria de dicha marcha tiene claras expresiones xenofóbicas, incentivando el odio hacia la migración y los inmigrantes, lo que pone en evidente riesgo el orden público». A fines de julio el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer el último reporte oficial sobre la cantidad y localización geográfica de los inmigrantes en Chile, que detalló que en cuatro regiones del país los extranjeros ya superan el 10% del total de habitantes, planteando un complejo escenario para el aparato estatal.