Wanda Vázquez, hasta ahora secretaria de Justicia, juró este miércoles como nueva gobernadora de Puerto Rico, en un nuevo intento por encarrilar a la isla después de la crisis institucional que en apenas cinco días forzó a un mandatario a renunciar y a otro a abandonar el cargo por respeto a un fallo judicial.
Vázquez sucede a Pedro Pierluisi, quien tuvo que dejar el poder tras un interinato de cinco días que empezó el viernes pasado, cuando se hizo efectiva la renuncia de Ricardo Rosselló, debilitado por una reacción popular en protesta contra la filtración de unas conversaciones privadas que mantuvo con colaboradores.
Esos diálogos, cientos de ellos publicados por la prensa, estaban plagados de comentarios sexistas, ofensivos o insultantes para adversarios políticos, miembros de la comunidad LGBT y artistas de fama internacional.
Como repudio a esos insultos, las calles de san Juan se llenaron durante días de manifestantes que exigieron la renuncia de Roselló, quien la presentó forzado por las circunstancias y después de ejercer cierta resistencia.
Antes de renunciar, Roselló propuso a Pierluisi como secretario de estado, lo cual lo dejó en el primer lugar en la línea de sucesión.
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Pierluisi juró el viernes como nuevo gobernador pero sin el aval del Senado, lo cual abrió un debate entre constitucionalistas y expertos en leyes sobre sucesión que se dirimió a través de una demanda para lograr la nulidad del acto de asunción.
Hoy, el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró inconstitucional al andamiaje legal sobre el que se basó la juramentación de Pierluisi y le ordenó abandonar el cargo, lo cual abrió el paso a la llega al poder de Vázquez, a quien las leyes le reservaban el segundo lugar en la línea sucesoria por su cargo de secretaria de Justicia.
La decisión del Tribunal Supremo de anular la toma de posesión de Pierluisi fue adoptada por unanimidad por los nueves jueces de la corte.
La jueza del Supremo Maite Oronoz tomó el juramento a Vázquez, quien luego firmó los documentos que la acreditan como nueva mandataria, sin tomar contacto con la prensa.
La resolución del Tribunal Supremo fue adoptada en un expediente abierto por el Senado, que sostuvo que la enmienda de la ley 7, aprobada en 1952, sobre la que se basó la juramentación de Pierluisi, es contraria a la letra de la Constitución.