El juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó este martes al sindicalista Herme Juárez como jefe de una asociación ilícita y le trabó un embargo por 500 millones de pesos. Su hijo, Oscar, también fue procesado con los mismos cargos, pero como miembro de una asociación ilícita y por administración fraudulenta y lavado de activos.
La detención de Juárez fue ordenada por el juez federal de Campana Adrián González Charvay. La Justicia habría detectado maniobras extorsivas que le habrían generado ganancias extraordinarias al gremialista y a su familia, también a sus directivos más cercanos en la cúpula sindical.
La investigación judicial trata de determinar cómo Juárez acumuló un patrimonio tan fastuoso que incluye una elegante mansión en San Lorenzo, autos de alta gama y embarcaciones. Se tratará de determinar si el secretario general del Supa blanqueó importantes sumas de dinero a través de los fondos de la cooperativa y el sindicato.
Juárez, de 79 años, lleva cincuenta al frente de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios, que brinda distintos servicios en todas las localidades de la zona. Asumió en el cargo cuando era un ambicioso joven y, actualmente, es investigado por un Juzgado de Campana por malversación de fondos y otros delitos económicos.
También fue durante un período intendente de Puerto San Martín, ha ganado en las últimas décadas gran cantidad de poder, político y económico. Y a pesar de que no había investigaciones legales abiertas, siempre existieron sospechas sobre su accionar.
El hombre se encontraba al mismo tiempo al frente de la cooperativa que controla los servicios de estibado de los puertos aceiteros y cerealeros, y paralelamente el Sindicato de Portuarios. Es decir, estaba a ambos lados de la mesa: se supone que debe defender a los trabajadores y a la vez ofrecer servicios a los empresarios de una de las zonas portuarias más importantes del país.