Los diputados del oficialismo avanzaron este martes en la Cámara de Diputados con la firma del dictamen para un proyecto de ley de «ficha limpia» que propone que se les impida ser candidatos a las personas que tengan condena de segunda instancia por delitos de corrupción.
A cinco días de las elecciones primarias, la bancada de Cambiemos avanzó con la iniciativa en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, en medio de acusaciones de la oposición de utilizar el tema como «cierre de campaña».
En este sentido, se aclaró en reiteradas oportunidades que, en caso de ser aprobada, la ley recién empezará a regir a partir de las elecciones de 2021.
Durante el debate, Graciela Camaño (Consenso Federal), Emilia Soria (Frente para la Victoria-PJ) y Pablo Kosiner (Justicialista) se quejaron de la oportunidad elegida por el oficialismo para discutir el tema y exigieron «la misma celeridad para discutir» proyectos relacionados con temas sociales y económicos.
La mayor parte de la discusión giró en torno al grado de la sentencia que le impediría a una persona postularse para un cargo electivo, dado que Juntos por el Cambio amagó con apartarse del borrador acordado previamente y establecer la prohibición a partir de una condena de primera instancia, pero finalmente desistió.
El proyecto de Juntos por el Cambio propone incluir un inciso al artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (23.298) para establecer la incompatibilidad para postularse a cargos electivos en personas que tengan una condena confirmada en segunda instancia por delitos como el cohecho y el tráfico de influencias.
También se incorporan los delitos de malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento; fraude en perjuicio de la administración pública; traición y delitos contra la paz y dignidad de la Nación.
La iniciativa establece que la prohibición «se extenderá desde que exista sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente».
Por su parte, los diputados del Frente para la Victoria pidieron establecer además la «inhabilidad» para quienes posean dinero en cuentas off shore e incorporar los delitos del Código Aduanero, del orden penal tributario y penal cambiario, pero ante la falta de acuerdo decidieron presentar un dictamen propio.
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio), subrayó que «la razón por la que se ha permitido hasta ahora a personas con condena no firme ser candidatos es la presunción de inocencia, pero esto no es un dogma, porque hay casos, como el instituto de la prisión preventiva, donde la presunción de inocencia cede».
Por su parte, la también oficialista Silvia Lospennato enmarcó el proyecto en «la lucha contra la corrupción» y recordó que quienes participaron de la reforma constitucional de 1994 «hablan de la corrupción y la sedición como dos delitos atentatorios contra la democracia en condiciones de paridad».
En tanto, María Emilia Soria (Frente para la Victoria-PJ) indicó que «lo que se discute es el alcance que se le da al principio de inocencia» y consideró que «el proyecto del oficialismo le baja notablemente el precio a ese principio» y agregó: «Estoy convencida de que esto va a terminar en la Corte».
A su turno, Camaño aclaró que acompañará el proyecto pero criticó con dureza la oportunidad elegida para debatirlo y disparó: «He visto muchas cosas en esta Cámara, pero nunca imaginé que íbamos a hacer un cierre de campaña todos juntos».
«La sociedad debe saber que ninguno de los candidatos para esta elección va a ser excluido. Esto es una ficción. Lo de hoy es la máxima expresión de la hipocresía política», sentenció la diputada de Consenso Federal.
En tanto, Kosiner presentó un proyecto propio en soledad que propone incorporar los delitos de lavado de dinero e incumplimiento de los deberes de funcionario público entre otros.
El oficialismo aclaró que la iniciativa quedó abierta a posibles modificaciones durante la discusión en el recinto, para la cual todavía no hay fecha prevista.