A un año de la difusión de la causa de los cuadernos de las coimas en la obra pública, y gracias a la sanción de la Ley del Arrepentido, aumentó la cantidad de testigos protegidos vinculados a temas de corrupción, informaron autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de este programa.
Oscar Centeno, ex chofer del ex funcionario Roberto Baratta, quién denunció mediante los escritos en sus cuadernos las supuestas coimas durante el gobierno anterior, es una de las personas que se encuentra bajo el programa de protección a testigos, que desde el 2015 hasta la fecha amplió el abanico de casos en temas vinculados a corrupción y narcotráfico.
Sebastián Garat, jefe de gabinete de la subsecretaría de Política Criminal de la cartera que conduce Germán Garavano, contó a Télam que «Centeno se encuentra bajo el programa, esta relocalizado en una casa segura y con fuertes medidas de seguridad».
«No obstante, no se pueden dar mayores informaciones respecto de las personas ya que están dentro de un convenio de confidencialidad», añadió.
Garat contó además que el programa «se profesionalizó desde que lo tomamos en 2015, fecha en la que en su mayoría los que utilizaban el programa eran testigos que declaraban en causas de delitos de lesa humanidad».
«Luego, gracias a la sanción de la Ley del Arrepentido se amplió a testigos vinculados a otras causas, como las de corrupción y narcotráfico».
«Esto redundó además en que, mientras que en el período que abarcó desde 2013 a 2016 hubo 41 ingresos de personas al programa por año, desde 2016 al 2019, el número aumentó a 153 personas por año, lo que demostró la confianza de la Justicia respecto de esta herramienta».
El programa de protección a testigos es un programa auxiliar de la Justicia que es solicitado por un oficial judicial cuando hay un testigo o un imputado colaborador cuya seguridad entra en riesgo por el aporte de sus declaraciones.
«El juez ordena el ingreso de esta persona al programa y el Ministerio se dedica hacer un análisis de riesgo en cada caso en particular, y se diseña un plan de seguridad, se le asigna un teléfono, una localización y se le da una identidad supuesta, según los casos. También, custodia y una casa segura», explicó Garat.
Además, especificó que en cuanto a la profesionalización del equipo «se contó con apoyo de especialistas provenientes de Canadá y se firmó un convenio con la Corte Penal Internacional, además de vinculaciones con la red Europol, especialistas en estos casos, y en función de eso se logró un perfil más específico para proteger a personas denunciantes de narcotráfico, trata de personas y corrupción», detalló.
Consultado sobre el tiempo que dura la protección a los testigos, el funcionario explicó que existen tres causas para la baja del programa.
«Puede ser una baja voluntaria o una baja porque no cumple el testigo las normas de conductas establecidas, que tiene que ver, por ejemplo, con la restricción a contactos a través de las redes sociales, con la aceptación de las custodias, etcétera; o también se puede dar de baja cuando el juez interpreta que la seguridad del testigo ya no está en riesgo», aclaró.
Por otra parte, Garat confió que «hace poco se firmó un convenio con el Servicio Penitenciario, en el que se asigna para el programa un equipo especial llamado ‘Los Lobos’, que se encarga de los traslados y las protecciones específicas».
«También se ha hecho un rediseño y una profesionalización del equipo en temas vinculados a la trata de personas, encarando acciones específicas vinculadas a la asistencia, algo que anteriormente no había y que en estos casos es fundamental, así como la intervención de un equipo interdisciplinario, finalizó Garat.