Política y Economía

Candidato a presidente de Cataluña seguirá en prisión y no podrá ser investido


La justicia española denegó este jueves la excarcelación del independentista Jordi Sánchez, que era candidato a la presidencia regional de Cataluña en un pleno de investidura previsto para el viernes. 

El juez instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena anunció esta decisión después de que el presidente del Parlamento catalán, el también independentista Roger Torrent, solicitara en vano la excarcelación de Sánchez para que asistiera al pleno. 

Torrent había pedido en declaraciones a la radio Cadena Ser «proteger y hacer efectivos los derechos políticos» de Sánchez, acusado de «rebelión» y en prisión preventiva desde el 16 de octubre en una cárcel cerca de Madrid. 

Llarena recordó que Sánchez ha mantenido su derecho a concurrir a elecciones y a ejercer el voto como diputado electo. Pero justificó su mantenimiento en prisión por el riesgo de «reincidencia» que supondría su puesta en libertad y su eventual investidura como presidente regional. 

Igualmente, el juez ha desautorizado una investidura a distancia. 

Sánchez está procesado por arengar a decenas de miles de independentistas que, en una manifestación en Barcelona el 20 de septiembre, mantuvieron acorralados durante horas a un grupo de guardias civiles mientras registraban un edificio del ejecutivo catalán por orden judicial. 

Jordi Sánchez, expresidente de la muy influyente asociación independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC), ya fue candidato a la presidencia de Cataluña en marzo, y al igual que en esta ocasión, Llarena se negó a dejarlo salir. 

Torrent propuso de nuevo su candidatura para el pleno de este viernes, y pidió a la justicia que lo libere amparándose en una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU. 

A la espera de un examen en profundidad, dicho comité pidió a España que garantice el «respeto de los derechos políticos» de Jordi Sánchez, sin detallar qué entiende por esos derechos ni las medidas que deberían tomarse. 

Junto a Sánchez están en prisión preventiva otros ocho destacados separatistas catalanes, por su papel en el intento fallido de secesión del pasado año. 

Este domingo está convocada una marcha en Barcelona para pedir la liberación de quienes separatistas denominan «presos políticos». El acto cuenta con el apoyo de los dos mayores sindicatos del país, Comisiones Obreras (CCOO) y UGT. 

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– Reunión sobre extradición de Puigdemont -. 

Cataluña se encuentra bajo tutela del gobierno central y sin ejecutivo regional desde el 27 de octubre, cuando el gabinete de Carles Puigdemont fue cesado en su totalidad horas después de la declaración unilateral de independencia formulada en el Parlamento catalán. 

Los independentistas renovaron luego su mayoría de escaños en el Parlamento en los comicios regionales del 21 de diciembre. 

Pero no han logrado investir a un presidente, y desde hace meses se ha instalado un diálogo de sordos entre el gobierno español, que pide un candidato «viable», y los separatistas, que insisten en un candidato «legítimo», aunque tenga problemas con la justicia. 

El bloqueo persiste, y si no se elige a un nuevo presidente regional de aquí al 22 de mayo habrá nuevas elecciones regionales hacia mitad de julio. 

El primer candidato fue el expresidente Puigdemont, acusado de rebelión y malversación en España e instalado en el extranjero, primero en Bélgica y ahora en Alemania. 

España pide su extradición, y en ese sentido, fiscales españoles y alemanes se reunirán en breve en La Haya para examinar la demanda, según indicaron fuentes coincidentes de ambos países. 

Una fuente judicial española señaló que la reunión podría celebrarse este mismo jueves o el viernes. 

Aparte de él, otros seis destacados independentistas están en el extranjero: tres en Bruselas -que el próximo miércoles tienen cita con la justicia belga sobre la euroorden de entrega cursada en su contra- dos en Suiza y una en Escocia, la exministra regional de educación Clara Ponsatí. 

El abogado de ésta dijo el jueves que la decisión judicial sobre su extradición deberá esperar al menos hasta agosto.