Una resolución judicial ordenó suspender los remates de vehículos incautados a bandas delictivas hasta que haya un fallo definitivo o firme sobre la persona bajo proceso. De esta manera, debió frenarse una subasta de cuatro vehículos de alta gama. El gobierno de Santa Fe anticipó que apelará ese fallo.
Matías Figueroa Escauriza, el secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia, fue quien confirmó que Provincia apelará esa resolución. La decisión judicial había apuntado a que los propietarios de los coches, en estos casos, no fueron todavía sentenciados, abriendo así la polémica por la aplicación de la ley 13.579 que habilita el decomiso de bienes que se obtienes gracias a dinero que proviene de delitos cometidos en jurisdicción de la provincia.
El también titular de la Agencia de Bienes Decomisados (Aprad) dijo que recurrirán a la Justicia para apelar el fallo del juez Hernán Postma. Los cuatro autos incautados perteneces a personas que son juzgadas en Rosario.
El magistrado había señalado que la administración desobedeció una orden judicial previa que ordenaba no realizar las subastas hasta que hubiera una sentencia definitiva y también ordenó a que el Estado devuelva el dinero de tres de los autos a los compradores, según indicó diario La Capital.
Los vehículos son dos BMW, un Mini Cooper y un Citroen C4. Los tres primeros, incautados a la banda de Los Romero, de Nuevo Alberdi, varios de cuyos miembros están presos por delitos violentos y lavado de dinero.
“La ley provincial de venta anticipada de bienes decomisados está vigente y tanto el juez como la Cámara que se expidieron no plantearon que fuera inconstitucional. Nosotros somos gobierno y debemos ejecutarla. Así hemos hecho con 50 vehículos y no hemos tenido problemas, salvo esta causa, en la que el juez no dice que es inconstitucional y no explica por qué quiere suspender la subasta”, remarcó en diálogo con Radio 2.
La legislación actual contempla la absolución de los acusados cuyos vehículos fueron subastados y, en ese caso, se devuelve el dinero con intereses financieros.
Figueroa Escauriza indicó que no poner los vehículos a la venta implica un gasto mayor al Estado ya que antes de la ley estaban en un depósito y de esa forma no sólo se despreciaba su valor sino que debían mantenerlos.
En este caso puntual de los autos pertenecientes a Los Romero, expresó: «No pudieron justificar cómo los compraron, no hay dinero en blanco y si el día de mañana son condenados se puede preservar el valor económico de sus bienes”.