El gobierno nacional presentó días atrás los resultados de un megaoperativo al que calificó como «el decomiso de armas más grande de la historia» ya que secuestró más de 2.500 armas y 30 mil municiones cuyo destino, según la misma investigación, eran Paraguay y Perú. Sin embargo, ahora se conocieron distintas caras ocultas de la llamada ‘Operación Palak’ y Julian Alfie, coordinador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) e integrante de la Red Argentina para el Desarme, fue el responsable de explicarlo.
Alfie sostiene que a las omisiones en el control del propio gobierno se le deben agregar la presunta acción directa de, al menos, un funcionario público perteneciente al Ministerio de Defensa de la Nación, quien habría formado parte de la organización criminal.
El operativo había sido iniciado por las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y continuó con una investigación por parte del Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad de Argentina, que permitieron identificar al resto de los implicados. Y lejos de tratarse de un «éxito» local, puso en evidencia el descontrol que existe del mercado de armas de fuego en Argentina.
El informe indica que parte de este armamento se almacenaba en establecimientos que habían sido autorizados por la Anmac o por el viejo Renar, pero cuya habilitación estaba vencida. Ese es el caso, por ejemplo, de Tala, empresa que funcionaba en un predio perteneciente a las Fuerzas Armadas y ya tenía antecedentes del año 2004 por almacenar irregularmente bombas de 500 y 1.000 kilos, cohetes antiaéreos de 57 milímetros, detonadores y explosivos. El resto estaba en armerías y casas particulares.
Además, de los 17 detenidos, 16 eran “legítimos usuarios”, varios de ellos, coleccionistas. Esto quiere decir que las personas implicadas son, en su mayoría, aficionados, coleccionistas y comerciantes de armas. Es decir, sujetos de control por parte del Estado.
El gobierno se había comprometido a crear una agencia con capacidad de llevar adelante políticas proactivas de control del mercado legal y persecución del mercado ilegal. De ahí al reemplazo del Renar. Sin embargo, nunca sucedió como tal y no se cumplió con la obligación legal de dotar a esa agencia de las partidas presupuestarias que le dieran la estructura necesaria para cumplir eficazmente su labor. A modo de ejemplo, detalla el diario Perfil, el organismo cuenta con menos de 30 inspectores a nivel nacional para fiscalizar al millón de usuarios (70% de ellos con autorizaciones vencidas) y al millón y medio de armas registradas, sin contar el mercado no registrado, que según las estimaciones disponibles duplica o triplica esos números.
En conclusión, el informe de Alfie remarca cómo hipócrita la situación vista semanas atrás y festejada por distintas puntas que conforman el oficialismo. «La existencia de bandas que comercian ilegalmente armas de fuego, lejos de ser una excepción o una casualidad, es una consecuencia del descontrol estatal, producto a su vez de la falta de voluntad política de implementar las leyes vigentes», escribió.