Uno de los más reconocidos abogados penalistas de Brasil pidió hoy a la corte suprema anular en forma cautelar las detenciones de condenados en segunda instancia, una situación generada por el caso del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En caso de ser aceptada, la situación de Lula puede ser modificada, luego de que el Supremo Tribunal Federal rechazó un habeas corpus presentado por el líder opositor para evitar el inicio de la pena efectiva de 12 años y un mes de prisión por corrupción.
El pedido fue presentado por el abogado Antonio Carlos de Almeida Castro, conocido como Kakay, uno de los más famosos penalistas del país, defensor de varios involucrados en la Operación Lava Jato y crítico del accionar del juez Sérgio Moro.
La cautelar pide que la corte permita detener a un condenado una vez cumplidas las tres instancias del Poder Judicial y no apenas dos, como es el caso que se resolvió en contra del ex presidente Lula.
La representación del abogado Kakay fue realizado en nombre del diminuto Partido Ecológico Nacional, que es el autor de dos acciones declaratorias de constitucionalidad (ADC) que busca solucionar el conflicto entre la Constitución y la jurisprudencia de la corte de 2016 usada para rechazar el habeas corpus de Lula.
La cautelar cayó en manos de Marco Aurelio Mello, uno de los jueces de la corte que votó a favor del habeas corpus de Lula y quien protestó porque entendía que debía tratarse estas acciones.
Durante la sesión, seis de los 11 jueces se pronunciaron a favor de votar estas acciones en la dirección que beneficiará en un plazo de uno o dos meses a Lula, quien debe ser enviado a prisión a partir de la semana que viene.
«Nadie podrá devolverle a los ciudadanos condenados los días pasados en la cárcel en forma ilegítima en caso de que se considere inconstitucional la prisión en la segunda instancia», dice la cautelar.
Esta cautelar no forma parte de la defensa de Lula pero expone su caso como un ejemplo sobre alguien que deba ir a la cárcel mientras espera que la corte resuelva sobre el conflicto entre la Constitución y la jurisprudencia del tribunal.