La Secretaría de Derechos Humanos pidió este lunes penas de prisión perpetua para ocho de los nueve acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada(ESMA), durante la última dictadura.
En su alegato durante el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 5, en lo que se conoce como ESMA-IV, los abogados de la Secretaría también apuntaron a que los delitos de índole «sexual» deben ser considerados de forma independiente y «autónoma» de los restantes que se imputaron.
Las penas a prisión perpetua fueron solicitadas para los imputados Raúl Armando Cabral, Carlos Mario Castelvi, Néstor Carlos Carrillo, Roque Ramón Zanabria, Horacio Luis Ferrari, Miguel Conde, Jorge Luis Ocaranza y José Ángel Iturri.
En tanto, para Claudio Vallejos se solicitaron seis años de prisión, en relación con el secuestro y asesinato del ex embajador argentino ante Venezuela Héctor Hidalgo Sola, ocurrido el 18 de septiembre de 1977, cuando regresó al país en ocasión del casamiento de su hija.
ESMA IV es un desprendimiento de la causa penal que recibió el nombre de «ESMA unificada», en la que se juzga a militares y civiles involucrados en secuestros, torturas, crímenes y apropiación de niños durante la dictadura, como así también a pilotos involucrados en los denominados «vuelos de la muerte».
El Tribunal está integrado por los jueces Daniel Horacio Obligado, Adriana Palliotti y María Gabriela López Iñiguez, mientras que Javier Feliciano Ríos interviene como sustituto.
En representación del organismo, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, el abogado Hugo Oyarzo recordó que el dictador Jorge Rafael Videla, aseguraba en 1976 que las organizaciones armadas subversivas superaban numéricamente a las fuerzas regulares, para justificar la existencia de una guerra. .
Al rechazar ese argumento, sostuvo: «Ya sea en la vía pública, en sus lugares de trabajo o en sus hogares, las víctimas fueron sorprendidas por el grupo de tareas sin medios ni posibilidades de resistirse. Muchas veces irrumpían en sus domicilios mientras dormían».
En ese sentido, Oyarzo afirmó que sus dichos eran «ficticios» e «infundados», y resaltó que «los grupos operativos de la ESMA, actuaron con total impunidad».
Además, destacó el valor de los testimonios de los sobrevivientes de la ESMA, al sostener que «la lucha por sobrevivir estuvo íntimamente ligada a la necesidad» de dar a conocer lo vivido, recogiendo parte de la prueba «con heroísmo».
A su vez, la querella unificada, integrada por el colectivo Justicia Ya, pidió el máximo de la pena para los nueve acusados, a quienes acusó por el delito de «genocidio».
Los abogados Ariel Noli y Osvaldo Barros apuntaron también a los delitos sexuales cometidos en la ESMA, y advirtieron que quienes eran detenidos de manera ilegal eran llevados a la sala de torturas desnudos y que en su mayoría eran violados de distintas formas, por los que consideraron que se trata de un delito independiente de la tortura.
Asimismo, y previo a la audiencia, uno de los abogados le planteó al tribunal que las víctimas de la ESMA perdían, al ingresar al centro clandestino, su identidad y pasaban a ser un número, por lo que le pidieron a los jueces que, al momento de la sentencia, junto al número de caso ventilado, se ponga el nombre real de la víctima. .
Justicia Ya está conformada por la Asociación de Ex Detenidos- Desaparecidos, la Asociación de Profesionales en Lucha, el Comité de Acción Jurídica,entre otros.