El gobierno argentino pedirá a la justicia norteamericana iniciar «cuanto antes» el juicio por la demanda del fondo buitre Burford Capital contra YPF, en el que se reclama una indemnización multimillonaria por la estatización de la compañía petrolera durante el kirchnerismo.
La Procuración del Tesoro y el estudio Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, que representa a la Argentina, cambiaron de estrategia para defender al país contra la demanda de Burford, que exige unos US$ 3.000 millones.
Los abogados defensores del país presentarán un pedido en el juzgado de Loretta Preska, quien tiene a su cargo el caso, para que inicie cuanto antes el juicio en Nueva York, según trascendió de fuentes cercanas a la Procuración.
Cuando se reinicie el juicio, la defensa argentina reclamará otra vez trasladarlo a Buenos Aires.
El fondo Burford argumentó para evitar que la demanda se traslade a Buenos Aires que el kirchnerismo había desarrollado una «persecución» contra el fondo, algo que no garantizaba imparcialidad.
La ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, junto al ex titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Carlos Gonella, iniciaron una demanda en el país contra Burford, pero esa denuncia ya fue cerrada por el fiscal Guillermo Marijuán.
El gobierno argumentará ahora que el hecho de que ya no esté vigente esa demanda contra Burford cambia el contexto, justifica que no hay persecución y muestra que en el país hay un ámbito equitativo para litigar.
El procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, viajó a Nueva York para preparar con el estudio de abogados la presentación ante el tribunal.
Los abogados norteamericanos y la Procuración estuvieron en los últimos meses reuniendo pruebas para presentar ante un eventual litigio.
Tras pedir el inicio del juicio, la jueza Preska debe llamar a las partes y organizar la modalidad en la que se realizará el litigio.
El gobierno y los abogados que lo representan esperan acelerar el caso confiados en que hay «buenos argumentos técnicos» frente a Burford.
El fondo Burford compró parte de los derechos de litigio en la justicia española, donde se sustanció el proceso de quiebra de dos empresas del Grupo Petersen, que poseían buena parte de las acciones de YPF en el momento de la expropiación.