Un ex policía de Santa Fe fue condenado a cuatro años de prisión por lavado de activos proveniente del narcotráfico, en un causa derivada del hallazgo y posterior encubrimiento de un contenedor con poco más de una tonelada y media de marihuana secuestrados en 2014 en la comuna de Arroyo Leyes, a 11 kilómetros de Santa Fe capital, informaron este jueves fuentes judiciales.
La sentencia fue impuesta a Alejandro Daniel «Aguja» Agüero, a quien también se le fijó una multa de 2.253.000 pesos, por el Tribunal Oral Federal de esa ciudad, integrado por los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Homero Lauría.
Durante los alegatos del juicio, el fiscal general Martín Suárez Faisal había requerido cinco años de prisión y multa de 4 millones de pesos, según indicó la página Fiscales. En tanto, también fue condenada su esposa y su padre, a quienes los magistrados le impusieron una pena de tres años y un año de ejecución en suspenso, respectivamente.
Agüero había recibido en 2017 doce años de prisión por transporte de estupefacientes doblemente agravado, razón por la cual el tribunal dispuso unificar la pena en catorce años.
En 2017, el TOF de Santa Fe condenó a penas de entre dos y doce años de prisión a diez policías y dos civiles por el transporte y posterior encubrimiento de un contenedor con 1662 kilos de marihuana hallados en noviembre de 2014 en un basural de Arroyo Leyes, cercano a la ruta provincial 1.
Agüero -quien al momento de los hechos revistaba en la Octava Zona de Inspección de la Policía Local con el grado de sargento- recibió la pena más alta, doce años de prisión, por “transporte de estupefaciente doblemente agravado, por la participación de tres o más personas organizadas y por su calidad de funcionario policial encargado de la persecución del delito”.
Durante el debate, se pudo probar la hipótesis de encubrimiento del narcotráfico por parte de los propios policías encargados de perseguir ese delito y luego el fallo fue confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal.
Durante el proceso que culminó ayer, se acreditó la incongruencia entre los ingresos percibidos durante el período bajo análisis y la situación patrimonial del imputado y su grupo familiar.
En 2014, Agüero percibía como sargento de Policía un sueldo de 8.400 pesos, mientras que su esposa cobraba 10.000 pesos como enfermera del Hospital de Niños.
En tanto, su padre trabajaba como portero de escuela, actividad por la que cobraba 6.600 pesos que le pagaba el Ministerio de Educación provincial.
Entre los gastos más sobresalientes de los tres imputados, figura la refacción de la casa familiar en la que vivían los tres, que según los profesionales contratados para la tarea, costó alrededor de 2,5 millones de pesos en 2014.
Además, entre ese año y el siguiente, adquirieron tres autos, una moto y una segunda vivienda ubicada en la localidad de Santo Tomé, por un monto estimado en 1.380.000 pesos aproximadamente.
Al dar a conocer el veredicto, el TOF ordenó el decomiso de ese inmueble, la motocicleta y dos vehículos, bienes que consideró adquiridos con el producto del ilícito.