La Corte Suprema de Justicia pidió hoy al Congreso y al juez federal Rodolfo Canicoba Corral que se investigue al órgano bajo su órbita que se encarga de las escuchas, por la filtración a la prensa de conversaciones telefónicas entre el ex jefe de la AFI Oscar Parrilli y la ex presidenta Cristina Kirchner.
El máximo tribunal, que tiene bajo su control la realización de escuchas judiciales, le solicitó al Congreso que realice una auditoría en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, órgano encargado de esa tarea.
Además, le requirió a Canicoba Corral que informe «si se han detectado circunstancias que permitan atribuir algún tipo de responsabilidad de los agentes de aquella Dirección, si existe alguna observación respecto la forma en la que se desarrollan las tareas que fuera susceptible de afectar los principios de transparencia y confidencialidad custodia, así como cualquier otro elemento que considere relevante» para el caso.
Así lo dispuso la Corte en una resolución firmada por su presidente, Ricardo Lorenzetti, y por los ministros Elena Higthon, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
El pedido al Congreso es para que la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos Actividades de Inteligencia, que no está constituida, efectúe una auditoría en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos Crimen Organizado, un cuerpo creado por la Corte «con autonomía de gestión y facultades para adoptar, bajo su exclusiva responsabilidad, las decisiones conducentes» para la realización de escuchas.
«Desde la primera oportunidad esta Corte confirió especial importancia los aspectos de transparencia confidencialidad que debían regir su actuación», resaltó el máximo tribunal.
En ese marco, recordó que el 29 de septiembre de 2016 se firmó el «Convenio de Colaboración con el Honorable Congreso de la Nación Argentina», en el que dispuso que ese poder se encargara del «seguimiento de las actividades de la Dirección, a efectos de garantizar estándares de imparcialidad, transparencia institucional y la actualización permanente de los métodos mas eficientes para prestar asistencia contra el crimen organizado en los planos nacional y transnacional».
El alto tribunal hizo estos requerimientos luego de que se filtraran en varios medios de comunicación conversaciones telefónicas entre la ex presidenta y Parrilli, que eran parte de escuchas que había ordenado el juez Ariel Lijo sobre el ex secretario general de la Presidencia en el marco de una investigación por supuesto encubrimiento del narcotraficante Ibar Pérez Corradi.