El debate del proyecto que aumenta las penas para los barrabravas se reanudaría el miércoles próximo, cuando se vuelva a reunir por segunda vez el plenario de las comisiones de la Cámara de Diputados que había pasado a un cuarto intermedio semanas atrás luego de fuertes cruces y chicanas entre los legisladores del oficialismo y de la oposición.
Fuentes parlamentarias aclararon de todos modos que se trata de una reunión informativa, a la que concurrirán invitados relacionados con el ámbito el fútbol, pero no descartaron que el encuentro finalmente se postergue por la cercanía de la sesión prevista para ese mismo día para tratar la llamada ley de Góndolas y la de Financiamiento de los Partidos Políticos.
“Se trata de segunda reunión por este proyecto que es informativa, con la idea de que concurran a hablar los invitados que presentan los diputados, ya que el debate se había dividido en dos: una eran los invitados por las presidencias de los bloques y a ésta asistirán los que propongan los legisladores. Se trata de gente relacionada con el fútbol”, afirmó Burgos en declaraciones a Télam.
En tanto, según la diputada de la UCR, la intención es avanzar en la semana de 14 de mayo con la firma del dictamen de mayoría, respaldado por Cambiemos, y se descarta que habrá además algunos otros despachos de minoría impulsados en principio por la oposición como del Frente Renovador y el Frente para la Victoria-PJ.
Si bien asesores de diputados trabajan para arribar a mayores consensos, y como quedó planteado en la última reunión en la que quedaron expuestas las diferencias, existirían al menos cinco posibles dictámenes, uno del oficialismo y cuatro de la oposición, lo que demostraría hasta el momento la falta de acuerdos básicos.
El proyecto fue aprobado en el recinto de Diputados en general el 18 de diciembre de 2018 (unanimidad de 201 legisladores y tres abstenciones) y minutos después se decidió su vuelta a comisión ante la falta de acuerdos en análisis artículo por artículo.
Entre otras cuestiones, el proyecto impone penas por portación y tenencia de armas, agresión o intimidación, financiamiento de las barras bravas, la reventa de entradas, generación de avalanchas y entorpecimiento de los traslados, a la vez que penaliza la actividad de los denominados «trapitos» y castiga el enriquecimiento ilícito de los dirigentes de los clubes.