El ministro español de Exteriores en funciones, Josep Borrell, afirmó hoy a Efe que el opositor venezolano Leopoldo López se encuentra como «huésped» en la residencia de la embajada de España en Venezuela tras su arresto domiciliario y «no está como asilado» hasta que se aclaren «los pasos a seguir». «De acuerdo con la legislación española, las demandas de asilo se tienen que producir en territorio español, por lo tanto el señor López no está como asilado, está simplemente como un huésped de la embajada hasta que se aclaren cuáles son los pasos a seguir», dijo Borrell en Ammán, donde se encuentra de visita.
Precisó que López «no ha formulado una demanda de asilo, que además para formularla tendría que efectuarla desde el territorio español de acuerdo con nuestra legislación». España ha pasado en sólo 24 horas de permanecer a la expectativa ante la evolución de la situación en Venezuela, después del respaldo que parte del Ejército dio el martes a Juan Guaidó y se liberara al opositor Leopoldo López del arresto domiciliario, a acoger y proteger en la embajada española a este dirigente, su mujer, Lilian Tintori, y su hija de 15 meses. Un giro de 180 grados en una historia que todavía carece de desenlace pero que ha situado al Ejecutivo español como uno de los actores protagonistas. Posiblemente sin pretenderlo porque López acudió primero a la embajada chilena y, según el canciller de Chile, Roberto Ampuero, y posteriormente la abandonó por «decisión personal». Chile acoge desde 2017 a otros dos huéspedes, el diputado opositor Freddy Guevara y Roberto Enríquez, presidente del Partido Social Cristiano.
Esta circunstancia hizo que las 00.30 horas del miércoles, hora española, Leopoldo López junto a su familia llamara a las puertas de la residencia del embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández. A las 9.00 de la mañana de ayer el Gobierno español confirmó de manera oficial su presencia en la embajada y hacia las 14.00 de la tarde precisó que se encontraban allí acogidos por «decisión propia» y que no habían solicitado «asilo político».
Estas puntualizaciones parecen reflejar que se trata sólo de algo pasajero, como han reconocido también portavoces del propio López. El Gobierno español ha reconocido a Juan Guaidó como presidente legítimo, después de que el mismo se juramentara para el cargo por la falta de limpieza en las últimas elecciones presidenciales de Nicolás Maduro, pero en las últimas horas ha insistido mucho en que no apoya un golpe militar sino sólo la convocatoria de unos comicios democráticos, según publicó El Mundo.
No obstante ante la opción de acoger o no a Leopoldo López, no existían muchas alternativas. España es uno de los principales refugios de la oposición venezolana y el propio padre de López reside aquí y tiene la nacionalidad española. Pero en Moncloa no sacan pecho por el hecho de haber recibido a este político en la embajada y sostienen que ahora «está allí y él irá decidiendo sus pasos».
En estas circunstancias Leopoldo López ha cumplido su primera jornada en la residencia del embajador español donde permanece como huésped. La libertad total del líder de Voluntad Popular se prolongó sólo durante 10 horas, el tiempo transcurrido desde que él mismo rompiera el grillete electrónico atado a su tobillo hasta que ingresara primero en la Embajada de Chile en Caracas y después en la de España.
La sede española, a diferencia de la chilena, no acogía, hasta ahora, a ningún perseguido por el chavismo. «Leopoldo López no espera estar en la embajada por un largo tiempo y tampoco quiere salir de Venezuela hacia España, buscando un salvoconducto. Lo que busca es tener un sitio donde pueda estar y operar disminuyendo sustancialmente el riesgo que el régimen lo aprese», resume para EL MUNDO Mariano de Alba, internacionalista venezolano residente en Washington.
La principal ventaja que ha obtenido el hasta ahora preso político es la protección diplomática, incluidas su mujer y su hija, pero también sitúa la pelota en el tejado del Gobierno español. Las relaciones entre ambos países permanecen de forma continua al borde del acantilado.
En su comparecencia nocturna, tras 16 horas de silencio, Maduro calificó como «asesino y terrorista» a López. El fiscal chavista que acusó al líder de Voluntad Popular durante su juicio reconoció que todas las pruebas en su contra eran falsas. El cordón umbilical entre Venezuela y España no deja de engordar con cada momentum, palabra de moda en el argot político local.
En la tarde de ayer el Ejecutivo español ratificó que no hay «novedades» respecto a la situación de López y su familia y destacó que siguen «muy de cerca» todos los acontecimientos en Venezuela «en conexión con nuestros socios de la UE». Pero, el Grupo de Contacto Internacional, creado a instancias del Ejecutivo de Pedro Sánchez y con su patrocinio, hizo público ayer un comunicado donde insisten en reclamar una «solución pacífica» y «democrática» y destacan que esta «crisis está empeorando y agravando la ya grave situación humanitaria». Además expresan «su oposición al uso de la fuerza» y piden «moderación a los cuerpos de seguridad para que no se inflija más daño al pueblo venezolano». Vuelven a exigir «elecciones libres y justas» y que Maduro respete a la oposición política y a los medios de comunicación.
Con estas peticiones, España intenta contribuir a desatascar la situación, a la espera de cómo se desarrolla y de qué resuelve Leopoldo López. Pero la prudencia desplegada por el Ejecutivo se ha topado con las críticas de Pablo Iglesias. El líder de Podemos aseguró ayer que fuentes de Exteriores le han reconocido «en privado» que fue un «error» reconocer a Guaidó. El Ejecutivo guardó absoluto silencio sobre ello.
Iglesias, que hace años conformó la brigada de asesores y visitantes españoles del chavismo, tampoco dudó en irrumpir en el apoyo «equidistante» a la revolución. Calificó los sucesos del 30-A como un golpe de Estado y acusó a Guaidó de no querer unas elecciones democráticas. La realidad es absolutamente al revés: la apuesta del Parlamento es la celebración de elecciones, pero en condiciones democráticas, las mismas que exige el Gobierno español y la Unión Europea.
Más allá de los comentarios privados entre Iglesias y el Gobierno de Pedro Sánchez, la postura del diputado electo por Madrid se acerca a las tesis que mantiene Izquierda Unida, cuyo eurodiputado, Javier Couso, es uno de los principales portavoces de Maduro en Europa.